El Consejo de Contraloría indicó que el órgano de fiscalización del ayuntamiento de Puebla les ha “cerrado las puertas” a 26 auditores sociales para colaborar en las investigaciones, situación que, mencionó, existe desde que inició la actual administración municipal.
Lo anterior, de acuerdo con la presidenta de la Red Consejo Ciudadano a la Contraloría (RCC), Aurora Méndez Motolinia, quien en conversatorio virtual expuso que el órgano se ha mantenido cerrado en cuanto a colaborar con contralores sociales, una situación que, señaló, no ha cambiado con el actual titular, José María Sánchez Carmona.
La también integrante del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, indicó que cuentan con 26 personas capacitadas para colaborar con la dependencia, misma que no ha mostrado disposición en coordinarse, pese a que, por el contrario, el órgano auditor municipal sigue impartiendo ponencia sobre auditorías sociales.
“Yo no veo, y me consta, la aplicación que haga este ayuntamiento. Veo una Contraloría muy cerrada, y no nada más es visión mía. Está muy controladora para cubrir situaciones que no nos dejan colaborar”, comentó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobierno Abierto, Luz Rosillo Martínez, agregó que el tema del desempeño ha sido difícil, pues el cambio de titular provocó que los avances en investigación se retrasaran, por lo que ofreció apoyar la incorporación de la contraloría social.
“Sin duda faltan muchísimas cosas en la Contraloría. Mi asunto de bolardos también se quedó a la mitad del informe, y no ha pasado nada. Pero creo que no debemos desistir desde el gobierno y los ciudadanos”, resaltó.
Comuna destina 16 mdp en licitaciones por Covid-19
Por otra parte, en la misma sesión, el coordinador General de Transparencia, Rodrigo Santisteban Maza, dio a conocer que la Comuna ha gastado 16 millones 863 mil 547 pesos en cuatro licitaciones directas, por la pandemia del Covid-19.
De acuerdo con la información pública de transparencia focalizada al Covid 19, en total eran 32 millones 788 mil 11 pesos los que serían destinados a adquisiciones de emergencia; no obstante, de la bolsa, se usaron 15 millones 892 mil 464 pesos, correspondientes a la licitación fallida de los ventiladores, por lo que “en realidad” se invirtieron 16 millones 863 mil 547 pesos.
Fueron destinados 12 millones 420 mil pesos a cinco empresas, para la adquisición de las despensas que el gobierno municipal entregó a través del Sistema DIF, que fueron dados en la modalidad de contrato abierto, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal.
De igual forma, el pasado 31 de marzo cedieron una licitación directa de dos millones de 65 mil 285 pesos, a la empresa Imhotep Asesores y Comercializadores, para la compra de productos antisépticos y sanitizantes para las oficinas del ayuntamiento, así como un millón 176 mil 262 pesos, a la empresa Servi R_R Productos, con fallo del 26 de marzo, para suministros médicos; con la misma fecha, emitieron un contrato para dar un millón 202 mil pesos a la Distribuidora Nago, para gel antibacterial.
El contrato para Full Hen, encargada de venderles los polémicos ventiladores, era de 15 millones 892 mil 464 pesos, misma cantidad que, ahora, el ayuntamiento destinará a los programas sociales para el combate al Covid, que más lo requieran.
Santisteban Maza especificó que ninguno de estos contratos han sido liquidados, ya que primero deben recibirse los productos, verificar su calidad y que cumplan con los estipulado, antes de realizar el pago en un periodo de 15 días o, en ciertos casos, antes de que concluya el año, pues “ninguna administración pública” hace pagos anticipados.
