Las comunidades interesadas en el acceso a información pública de concesiones mineras deben transitar en la burocracia, que puede implicar hasta seis meses de trabajo para obtenerla, así lo señaló un habitante de una comunidad de Puebla a Transparencia Mexicana.
Lo anterior consta en el estudio “Riesgos de corrupción en el otorgamiento de concesiones mineras en México”, elaborado por Transparencia Mexicana.
Se señaló que el otorgamiento de concesiones mineras conlleva vulnerabilidades que pueden provocar actos de corrupción, por ejemplo, lo que sucede durante los procesos de consulta a las comunidades, pues a pesar de que existe un acuerdo firmado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que se cumplan en muchos de los procesos de evaluación de estos proyectos estas no se realizan.
El reporte indicó que cuando sí se realizan, algunas veces son señalados como ilegítimos por los pobladores, un ejemplo fue el que ocurrió en la comunidad de Ixtacamaxtitlán en el estado de Puebla, donde las organizaciones comunitarias denunciaron irregularidades en el proceso de consulta de la empresa Minera Gorrión filial de la canadiense Almaden Minerals, y que busca extraer oro y plata a cielo abierto.
Este conflicto ya lleva años en el estado de Puebla, pues hasta a la fecha hay un juicio de amparo interpuesto en 2015 por la comunidad de Tecoltemi por la entrega de dos concesiones mineras a esta empresa sin que se les hubiera consultado.
Recientemente, la organización Fundar acusó a personal de Minera Gorrión de sobornar a pobladores con promesas de empleos a cambio de desistir del juicio de amparo contra la empresa, por su parte, la filial de Almaden Minerals rechazó estos señalamientos, asimismo indicó que debido a la contingencia sanitaria, suspendió sus actividades, no mineras, de información y participación social con comunidades y que sólo lo haría de manera virtual.
El crimen organizado y los sobornos
Retomando el estudio de Transparencia Mexicana, indicó que en el país otras de las vulnerabilidades encontradas en el contexto otorgamiento de estas concesiones fueron: que el crimen se ha convertido en un autor activo para ejercer presión, también que las empresas mineras utilizan las dádivas y apoyos discrecionales para separar el tejido social de las comunidades.
La falta de transparencia de algunas juntas ejidales deriva en que las discusiones se desarrollen a puerta cerrada entre representantes de las empresas y la mesa directiva del ejido.
Agregó que dada la falta de capacidades gubernamentales, las empresas mineras asumen la responsabilidad y costos de las consultas sociales, tendiendo a convocar a personas afines a su proyecto por distintos medios.
Consultas en lugares retirados
Aseguró que no existen formas claras para garantizar el derecho a voto y participación al interior de las comunidades, esto permite que las asambleas se conformen con gente externa a las mismas.
Los espacios de consulta suelen realizarse en sitios que requieren traslados en vehículos particulares o en horarios inconvenientes para las labores de cuidados.
En algunos lugares, las mujeres no participan de las asambleas comunitarias y por ende no tienen voz en las decisiones que se toman alrededor de sus tierras.
