Extrabajadores con demandas laborales contra la BUAP acusaron que, en la Junta Especial Número Cinco, los procesos están siendo retrasados deliberadamente por más de un mes, con la presunta intención de que se agoten los 60 días que tienen para demandar a la institución.
En entrevista, uno de de los demandantes, quien pidió el amparo del anonimato, mencionó que dicho organismo, perteneciente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dilata las reuniones de conciliación entre la universidad y el trabajador, mismas que son obligatorias y sin las cuales no se puede proceder con la demanda.
El problema –señaló– es que el lapso entre dichas reuniones agota los 60 días que el trabajador tiene para demandar; terminado este periodo, el quejoso “ya no puede obtener nada”.
Señaló que está condición se debe a que abogados de la universidad hacen tratos por “debajo del agua” con el personal de la Junta Especial, al que le da la consigna de “retrasar” los procesos.
A esto se suman diversos señalamientos en contra de la presidenta de dicho organismo, Julia Muñiz Merino, debido a que, bajo su cargo, la mayoría de los juicios contra la máxima casa de estudios poblana han sido alargados.
“Hay gente que se presta a recibir sobornos y lo saben muchos. La mayoría de abogados saben que les retrasan los juicios, sobre todo de la BUAP”, comentó.
Mencionó que muchos trabajadores prefieren no acudir a la junta, pues saben que “no es confiable con el trabajador”.
Retrasos son injustificables, afirman
Calificó de “injustificable” que la Junta retrase la ratificación cuando solo se trata de un auto cuya elaboración, “no requiere de tiempo, pues se trata de un trámite burocrático sencillo”, que no necesita labores jurídicas, a diferencia del laudo.
“No es para pensar, es para trasladar la parte jurídica a lo que te están pidiendo”, aseveró.
Indicó que a esto se suma la demanda de trabajo que existe dentro de la Junta y el poco personal, pues comentó que los cambios constantes de personal y capacitar a nuevos empleados hace que también se retrasen los tiempos.
Para ellos, la otra alternativa es contratar a un abogado personal que lleve el proceso; sin embargo, no todos cuentan con los recursos.
Actuarios evitan notificar a la BUAP
Relató que otro de los “artificios” de la Junta y la universidad consiste en que los actuarios no notifican a la BUAP, lo que provoca que estos no vayan a la reunión porque “no fueron notificados”.
Esto también deriva en que se retrase el proceso de demanda y tenga que agendarse otra reunión, que puede tardar de dos a tres meses.
Para evitarlo, los demandantes se ven en la necesidad de ponerse de acuerdo con el actuario para acompañarlo hasta el Edificio Carolino y comprobar que sí notificaron a la institución.
