Jubilados respaldan que se realice una auditoría de la ASE a la BUAP, porque acusan que tanto el rector Alfonso Esparza Ortiz, como sus antecesores, han saqueado los recursos económicos de la universidad.
En un desplegado que fue recibido el jueves por la Auditoría Superior del Estado (ASE) firmado por la asamblea general de universitarios, jubilados y exuniversitarios, se recordó que la máxima casa de estudios recibe recursos económicos como subsidios estatales, y de trabajadores, estudiantes, por sorteos, así como los ingresos de las farmacias Fleming, librerías universitarias y demás negocios en los que está involucrada.
“Esta circunstancia, coloca a la BUAP, como sujeto obligado para exhibir y transparentar sus gastos y ser sometida a un proceso por el auditor del Estado, por lo que debe aceptar este proceso legal y ante los universitarios, transparentar el gasto de los recursos que ha realizado esta administración (la de Esparza Ortiz), si es que no oculta nada”, se lee en el documento.
Violación de autonomía, argumento inválido
Además, sostuvieron que el argumento del rector, así como del Consejo Universitario, de que la auditoría viola la autonomía de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), es una salida fácil para evitar que se conozcan las posibles irregularidades de las que ha sido señalada dicha gestión.
Los firmantes también indicaron que los consejeros universitarios no representan la opinión de toda la comunidad, pues esta no ha sido consultada al respecto.
Asimismo, se señaló que desde 1990 se ha solicitado auditar las gestiones de “los rectores empresarios” José Marum Doger Corte, Enrique Doger Guerrero, Enrique Agüera Ibáñez y Esparza Ortiz.
Y es que recordaron que ese grupo ha sido acusado “de enriquecimiento ilícito, de haber incrustado a familiares y amigos como trabajadores y funcionarios universitarios y junto con ellos, por haber saqueado los recursos económicos de la BUAP, en beneficio propio y de su familia, estableciendo una exagerada burocracia, que se ha transformado en casta, con enormes privilegios económicos”.
Rectores buscan su beneficio, acusan
Aseguraron que en esas gestiones, se redujo el gasto universitario, la matrícula, cerraron plazas de profesores e investigadores, así como congelaron salarios a pesar de que los subsidios aumentaron, pero únicamente en beneficio de rectores, directores y sus allegados.
“Disminuyeron las prestaciones e introdujeron el pago de cuotas al servicio médico, medicinas y un sistema de jubilaciones y pensiones que beneficia a esta casta a costa de los recursos universitarios. Además, desaparecieron departamentos, para contratar a empresas privadas para diversos servicios e introduciendo el outsorcin”, se lee en el desplegado.
El documento está dirigido al gobernador Miguel Barbosa Huerta, al Congreso local y al auditor, Francisco Romero Serrano, mismo que fue recibido el 16 de enero a las 16:20 horas, por el departamento de gestión documental de la ASE.
