En México, la crisis migratoria involucra a personas de Centroamérica y el Caribe que ingresan al país desde la frontera sur, sin embargo, los centros migratorios violentan el proceso de retorno y derechos humanos de los afectados, señaló la experta Ciria Villatoro González.
La colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A. C. señaló que hablar de detenciones migratorias implica conversar sobre la privación de la libertar bajo el eufemismo de “alojamiento”, que responde a intereses del gobierno de Estados Unidos, no solo del control fronterizo a nivel local.
Durante la tercera sesión Centros de detención de migrantes, del Seminario Permanente de la Cátedra Ignacio Ellacuría, SJ 2020: Vivir entre cuatro paredes: contextos de encierro y Derechos Humanos, organizado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Ibero Puebla, señaló que la Ley de Migración establece que desde el Control Migratorio, se revise si las personas que ingresan cuentan con documentación para realizar una estancia prolongada en nuestro país, además de que la detención migratoria no debe exceder las 36 horas.
Por otro lado, los procesos de deportación tienen que darse en un plazo máximo de 15 días hábiles después de la presentación de las personas migrantes, mientras que, tras la evaluación de su caso, la persona puede recibir un proceso de retorno asistido o deportación, según proceda.
Durante la detención, las personas son vigiladas permanentemente con horarios carcelarios, además de que cuentan con visitas familiares muy limitadas. Dentro de las violaciones de derechos humanos en estas estaciones, Ciria Villatoro destacó como más frecuentes la falta de asistencia médica, extorsión a familiares, falta de intérpretes para personas extracontinentales y nula representación legal.
Concluyó que tendrían que existir condiciones especiales para las personas en condiciones de vulnerabilidad que garanticen un trato adecuado. “Vemos muy lejos el actuar del Estado mexicano con las personas que han sido detenidas. La garantía del debido proceso es totalmente violentada”, denunció.
Indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha tenido un papel limitado, pues no se han emitido las medidas cautelares necesarias, especialmente en materia de protección a menores de edad. Aclaró que este organismo está a expensas de las decisiones del Estado mexicano, mismas que han priorizado el control migratorio por encima de la protección a los derechos humanos.
