El Plan B de Jorge Estefan para el PRI Puebla
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que cuentan los que saben que uno de los políticos más interesados en mantener el control de la dirigencia estatal del PRI es quien fuera su ex presidente y que en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido despachó como secretario de Finanzas y Administración: Jorge Estefan Chidiac.
Inicialmente Jorge Estefan, quien actualmente despacha como delegado del CEN en Nuevo León, se había decantado por la diputada federal Lucero Saldaña Pérez, pero ante las objeciones de Alejandro Moreno “Alito” y otros operadores priístas que creen que el partido necesita un dirigente todo terreno, éste ya tiene su Plan B.
Según esta versión, la nueva opción impulsada por Jorge Estefan sería José Antonio López Malo Capellini “Josa”, quien fue su subsecretario de Egresos en la Secretaría de Finanzas del gobierno interino y su secretario de Finanzas en el Comité Directivo Estatal del PRI.
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Trivia:
¿Qué otro diputado además de Gabriel Biestro Medinilla acreditó su calidad de poblano, para poder registrarse como candidato en los comicios locales de 2018, dando al ayuntamiento de San Pedro Cholula información falsa, al reportar como su domicilio un departamento en el centro de esa ciudad en el que jamás ha residido?
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¿Robo, el móvil de la ejecución de estudiantes de medicina?
La columna De boca e boca, publicada en Ángulo 7, señala que la Fiscalía General del Estado (FGE) está haciendo su trabajo bien, es pregunta, ya que así como dice una cosa al poco tiempo informa otra, muestra de ello es el múltiple asesinato de tres estudiantes de medicina y el chofer de Uber, que se supone los trasladaría de Huejotzingo, a donde fueron al carnaval, hacía Puebla.
Y es que en un primer informe se dijo que el vehículo en que supuestamente viajaban los ahora occisos había sido encontrado cerca de la escena del crimen en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco, pero después en otro boletín señalaba que la unidad se aseguró en un operativo al ser cateados tres inmuebles. ¿Entonces qué pasó?
El propio secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, dijo que el móvil del homicidio apuntaba a un robo de unidad; sin embargo poco se después corregían la versión y que era una de las líneas investigación.
A los jóvenes ejecutados se les encontraron sus pertenencias. De hecho, fue el GPS del teléfono móvil del estudiante colombiano José Antonio, que permitió dar con el lugar donde fueron abandonados los cadáveres, según contó su madre Angélica Serpa, quien se apoyó en un amigo de su hijo.
¿Y la tecnología de Uber?
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Hartazgo social alía a dos universidades antagónicas en el pasado
Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que una desgracia derivada de la violencia y la impunidad con que se suceden los hechos delictivos en el estado sirvió para juntar el agua y el aceite. La BUAP y la UPAEP, instituciones de educación superior contrastantes entre sí, confrontadas en su origen, sumaron fuerzas para protestar por el crimen de tres estudiantes y un conductor de Uber y exigirle al gobierno de Luis Miguel Barbosa una solución al fenómeno, ya desbordado, de la inseguridad.
Ximena, Antonio, Francisco y Josué Emanuel, víctimas de homicidio en Huejotzingo, fueron el motor de una marcha estudiantil que aglutinó a más de cuatro mil jóvenes de esas dos universidades, quienes dispusieron de apenas unas horas, a partir de que se dio a conocer que los cuerpos encontrados en ese municipio correspondían a los muchachos desaparecidos, para plantear una protesta masiva, organizarse y tomar las calles de la ciudad de Puebla.
Las nuevas generaciones de maestros y estudiantes de esas dos instituciones no lo saben, pero 46 años atrás la UPAEP nació de una escisión de la entonces Universidad Autónoma de Puebla.
Peleado con los miembros radicales del entonces Partido Comunista, que se hizo del control de la máxima casa de estudios en 1972, con el rectorado de Sergio Flores, un bloque de docentes que no comulgaba con los ideales del nuevo grupo en el poder se marchó para fundar una institución privada, también autónoma, que se rigiera con principios políticos e ideológicos opuestos.
El antecedente estaba en el Frente Universitario Anticomunista.
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¿Es Higuera el Fiscal que necesita Puebla?
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que el asesinato de tres jóvenes universitarios y un conductor de UBER, así como la prisa para decir que ya habían sido detenidos tres presuntos responsables, han puesto a prueba al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, quien este miércoles comparecerá ante los diputados buscando ser ratificado para un periodo de siete años más.
La información que esta casa editorial ha revelado sobre el caso del multihomicidio de Huejotzingo, incluyendo las detenciones, permite establecer dudas sobre la verdadera responsabilidad de las tres personas detenidas en el asesinato de cuatro víctimas la madrugada del lunes 24 de febrero; en pocas palabras: no se descarta que hayan sido detenidos al azar.
Pero el caso del multihomicidio de Huejotzingo no es el único donde la fiscalía de Gilberto Higuera ha quedado a deber. Constantemente hemos comentado la lentitud y la poca asepsia con la que se realizan las investigaciones.
Por citar un ejemplo, traigo a colación que desde hace dos meses no se ha aclarado, el asesinato de Alberto Islas Jara, hijo del empresario y abogado Alberto Islas González. Recordemos que fue asesinado cuando se resistió a que le robaran su vehículo en la Junta Auxiliar de San Baltazar.
Aunque días después la FGE presumió que había cuatro detenidos, entre ellos el autor material, el homicidio no se esclareció, por ello el próximo domingo el padre de la víctima participará en una marcha para exigir justicia.
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Hay un pacto de impunidad para el hampa de la región de Huejotzingo
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que para entender el contexto en el cual fueron asesinados tres estudiantes de Medicina –dos de la UPAEP y uno de la UAP– y un chofer de Uber es necesario revisar la estadística oficial de la región VII del estado de Puebla, en donde se observa que Huejotzingo en el cierre de 2019 tuvo un fuerte incremento del 22 por ciento en su índice delictivo, superando en mucho a San Martín Texmelucan, que tuvo una caída del 11 por ciento.
Más allá de lo frío de la estadística, en esa región es un secreto a voces que en los últimos 12 años ha existido una especie de pacto entre agrupaciones criminales y algunas autoridades de todos los niveles de gobierno que han permitido convertir el corredor que va de San Pedro Cholula a Coronango, Juan C. Bonilla, Huejotzingo, San Miguel Xoxtla y San Martín Texmelucan, en una zona de huachicol, de constantes asaltos carreteros y a comercios, extorsiones, “levantones” y secuestros.
Y que las bandas que operan en la región tienen su epicentro en la zona de Huejotzingo, por ser el punto intermedio entre toda esa zona.
Desde que Huejotzingo fue gobernador por Alberto Espinosa Guevara –quien era del PRI–, en el trienio de 2008 y 2011, se registró en Huejotzingo un creciente negocio de robo de combustible. Dejó de ser una actividad de grupos menores y se empezó a notar cierta sofisticación. Algo que no ocurría en el resto del estado.
A lo largo de los mandatos de los ediles Felipe Corzo y Carlos Morales –el primero panista y el segundo priista–, a la región llegaron bandas que empezaron a hacer crecer el robo de combustible y desplazar, o mejor dicho “limpiar” la zona, de grupos caseros que controlaban a baja escala la venta de huachicol.
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Nada más tardaron 6 años
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, señala que sin el yugo morenovallista que trajo a las universidades y rectores a punta de auditorías, condicionamiento de permisos y revisiones académicas constantes, las instituciones pasaron del silencio al grito ante la inseguridad.
Sólo se tardaron 6 años, porque tuvieron su oportunidad de ser los contrapesos universitarios que tanto requería la sociedad ante la muerte de un niño indígena en Chalchihuapan en el 2014.
No sólo callaron, fueron omisos frente a una realidad. Los dos extremos se presentaron.
Por un lado, la Universidad Anáhuac que validó la teoría del cohetón para justificar el deceso de José Luis Tlehuatlie Tamayo.
Por el otro, la Iberoamericana, la excepción de la regla. Protestó, se solidarizó con la madre, el niño y la comunidad de Chalchihuapan.
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Apuntes para entender lo aparentemente inentendible
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que ¿Cuándo y cómo se jodió el país?-nos preguntamos los mexicanos con una frecuencia brutal.
Muchas deben ser las razones que expliquen con contundencia una realidad tan compleja como la que estamos viviendo.
Si analizamos a profundidad las leyes, normas y preceptos que le dan forma a nuestro andamiaje institucional, no será difícil concluir que, si se cumplieran y respetaran a cabalidad, este sería otro país.
Muy diferente, mucho mejor.
Entonces, buena parte del problema debe de seguir siendo el perfil y la personalidad de quienes han llegado y siguen llegando a ejercer el poder, en todas partes y en todos los niveles de gobierno.
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Frente a frente, cara a cara: Barbosa y Esparza
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, señala que la tragedia de los tres estudiantes universitarios asesinados en Huejotzingo, además del chofer Uber que los regresaba a la capital después de un día de diversión en el carnaval, abrió la puerta para que Miguel Barbosa Huerta y Alfonso Esparza Ortiz se reúnan esta tarde en Casa Aguayo.
La idea fue de la comisión de estudiantes que el gobernador recibió tras la marcha por la paz y contra la inseguridad. Ellos, en tono amable y comedido, le pidieron que en la mesa de seguridad para hablar de la violencia que sufren en los alrededores de Medicina y la UPAEP, los dos rectores fueran invitados.
Barbosa aceptó sin condiciones y desde Segob se giraron las invitaciones. También los rectores aceptaron, y este día se dará la primera mesa de seguridad entre autoridades estatales, universitarios y estudiantes para buscar respuestas.
¿Cómo se saludarán Barbosa y Esparza tras varios meses de guerra fría?
¿El rector de la BUAP tratará de comentar la iniciativa del Órgano Interno de Control?
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