Organizaciones civiles y activistas exigieron al Congreso de Puebla reponer el proceso para elegir el Consejo Consultivo de la CDH, pues acusaron irregularidades en el proceso, y uno de los cinco integrantes fue denunciado por agredir a una mujer.
A través de un comunicado de prensa, varias organizaciones como Amnistía Internacional de Puebla, Puebla Vigila, Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, Red de Mujeres Articuladas La Morada, REDefine Puebla, y otras más aseguraron que para elegir a los cinco integrantes se hizo en medio de contradicciones y errores en el proceso.
Los firmantes acusaron que Jesús Muñoz Castellanos, quien el pasado 4 de septiembre fue elegido, junto con Jorge Reyes Negrete, Christian Antonio Alejandro Reyes Hidalgo, Elis Aurora Huerta Hernández, y Erika Limón Mendoza, como integrante del Consejo Consultivo de la CDH por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, ha sido señalado de agredir a una mujer.
Y es que se debe recordar que el pasado abril de 2017, Muñoz Castellanos fue acusado por una mujer de haberla rociado con gas pimiento, pues, según declaró, cuando iba circulando por la 5 Oriente, a la altura de la 24 Sur, se encontró con el también funcionario que circulaba en sentido contrario, por lo que al señalarle su error este desde su auto le roció gas pimienta.
Muñoz Castellanos, denunciado ante FGE
Por lo anterior, Muñoz Castellanos fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por lesiones y amenazas, aunque la afectada aseguró que la carpeta de investigación CDI-5040/2017/ZC quedó archivada.
Lo anterior, fue criticado por las organizaciones civiles, pues argumentaron que debido a que hay pruebas de que Muñoz Castellanos viola los derechos humanos y no puede ocupar el cargo para el que será designado.
“Diversas agrupaciones civiles del estado rechazamos el proceso, ya que este fue realizado de tal manera que contraviene los principios de legalidad y transparencia, repercutiendo de manera negativa en la protección de los derechos humanos de las personas en la entidad federativa”, puntualizaron los firmantes.
El agresor fue policía y docente
Muñoz Castellanos se desempeñó como profesor por hora-clase en la BUAP, en criminología, formó parte de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) en 2008, aunque fue dado de baja por “causas adminsitrativas”. Mientras que de 2009 a 2011 se desempeñó como policía preventivo adscrito a la SSP.
Además, los quejosos afirmaron todo el proceso se realizó de manera irregular, pues no solo fue la elección de Muñoz Castellanos, sino que no se cumple con el principio de equidad de género, ya que de los cinco consejeros de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), tres son hombres y dos mujeres, cuando debe ser al revés.
Por lo anterior, exigieron que el proceso se vuelva a realizar, así como hacer públicas las cédulas de votación de la última etapa debidamente firmadas e identificadas por cada diputado, pues a pesar de su denuncia por agredir a una mujer, Muñoz Castellanos fue el que obtuvo mayor puntuación de todos.
“Nos extraña sobremanera que este hecho público no haya sido considerado en el proceso de selección y exigimos una explicación”, indicaron las organizaciones.
Asimismo, demandaron que en la propia selección del Consejo Consultivo de la CDH de Puebla haya un principio de equidad entre quienes pertenecen a la academia, al ejercicio del derecho y a la defensa de derechos.
Exigen transparencia en nuevo proceso
Finalmente, pidieron que se garantice una difusión total de la convocatoria, poniendo énfasis en el área no metropolitana y la inclusión en la misma como marca el principio de no discriminación, incorporando la lengua de señas mexicana, el braille, las lenguas originarias del estado, entre otras.
Se debe mencionar que durante la votación para elegir a los integrantes del Consejo Consultivo de la CDH de Puebla, la diputada priista Rocío García Olmedo sostuvo que hubo irregularidades, pues aseguró que la convocatoria para renovar el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla tuvo que haber sido publicada el 31 de julio, pero se hizo hasta el 24 de agosto.
También apuntó que con los integrantes elegidos, que aún tienen que ser aprobados por el Pleno del Congreso local, no se cumple el principio de paridad de género, pues eso marca que deben ser tres mujeres y dos hombres los integrantes.
Además, García Olmedo precisó que la ley establece que “cuando menos” tres de los integrantes no deberán desempeñar cargo o comisión como servidores públicos, pues trascendió que tres de ellos, Reyes Negrete y Reyes Hidalgo, y otro más, se desempeñan como funcionarios.
