Con avisos por escrito, Agua de Puebla presiona a usuarios de colonias de la capital a liquidar adeudos en tres días, advirtiendo ahora que procederá legalmente, pese a que vecinos acusan que no les entregan recibos en tiempo y forma; Omar Jiménez, abogado de la ASA, señaló que para proceder se requiere un juicio.
Lo anterior, de acuerdo con usuarios que aseveraron que, desde julio, Concesiones Integrales comenzó con esta nueva estrategia de presión y precisaron que las advertencias inician con llamadas telefónicas del número 22-24-21-56-92, y que posteriormente, personal se presenta en el domicilio para entregar la notificación escrita, en “copia simple”.
Se trata de poblanos que habitan en las colonias San Ramón, Universidades, La Libertad, Tepeyac, Naciones Unidas, Cuauhtémoc, San Isidro Castillotla, Santa María y Bicentenario.
En el documento –compartido a este medio– se aprecia la firma de la gerente comercial de la región II y IV de la concesionaria, Yamilet Tiempo Jurado, y una sentencia sobre realizar el pago, pues “en caso omiso se procederá a turnar su expediente al área de cobranza contenciosa, pudiéndose iniciar con ello acciones legales”.
Aseveraron que desconocen los montos que adeudan, debido a que la concesionaria no entrega los recibos de cobro de manera directa, por lo que algunos se ven obligados a descargar el comprobante directamente del portal de Agua de Puebla.
Para acciones legales, se requiere juicio
Al respecto, el abogado e integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), Omar Jiménez Castro, indicó en entrevista a Ángulo 7, que la concesionaria debe entregar dichos recibos de conformidad con la fracción IX del artículo 110, de la Ley de Agua estatal, que establece que “se entregará al menos con seis días hábiles de anticipación a la fecha límite de pago, en el domicilio donde se prestan los servicios públicos”.
También, que para que las acciones legales sean aplicables, Agua de Puebla debe, iniciar un juicio de cobranza, pues todo cobro extrajudicial está penado por el artículo 16 de la Constitución mexicana, que señala lo siguiente:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Esto se suma a las constantes quejas de usuarios en contra de Concesiones Integrales por abusos, pues también ha sido señalada por “imponer” tarifas de hasta 68 mil pesos por el concepto de “factibilidad”, uno de los tramites que más molestias ha generado por su excesivo monto.
