El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA tramitó un amparo para no transparentar su información en la PNT argumentando que no es un sujeto obligado directo; aunque en primera instancia, mientras dure el proceso, el juez federal no le otorgó la razón, se ha negado a subirla.
Lo anterior, lo dio a conocer en entrevista con este medio, Héctor Berra Piloni, coordinador jurídico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), quien agregó que el proceso inició en junio del año pasado.
Detalló que esto derivó luego de que el instituto catalogó al comité, en junio del año pasado, como sujeto obligado directo, ya que sus integrantes hacen uso de los recursos públicos a través de un contrato de prestación de servicios, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Además, reciben remuneraciones conforme a la ley y su marco normativo, aunado a que, para rendir sus informes o tareas, hacen uso de impresoras, computadoras y vehículos oficiales, pero los integrantes del CPC tramitaron un amparo señalando que en todo caso debería ser la Secretaria Ejecutiva de la instancia la que debería publicar la información, ya que es el órgano de gobierno del SEA.
Nada en la plataforma de transparencia
“Para nosotros como instituto es el sujeto obligado directo hasta que el juez no nos determine lo contrario, la suspensión fue negada y debemos esperar a que se concluya el proceso para tener una sentencia final sobre este caso en específico”, pronunció.
Por ello, el CPC debe tener publicada su información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), por lo que, al no hacerlo, cualquier persona puede interponer una denuncia ciudadana contra el comité por no cumplir con sus obligaciones en la materia.
Este medio consultó dicha plataforma, misma en la que se puede observar que en el apartado del CPC sale la leyenda “esta institución no tiene obligaciones generales. Revisa sus obligaciones específicas”, pero a ir a éstas últimas sale el mismo mensaje.
Es necesario precisar que en las obligaciones específicas se refieren a planes de desarrollo, disposiciones administrativas, expropiaciones, condonaciones, entre otros, mientras que en lo que tiene que ver con obligaciones generales se engloban sueldos, servidores públicos sancionados, contratos o licencias otorgadas, presupuesto del gasto público e información financiera.
Covid tiene en incertidumbre resolución
Ante esto, Bernal Pinoli manifestó que no hay una fecha concreta en que se pueda conocer una resolución final por parte de la autoridad judicial federal, ya que se atravesó la pandemia del Covid-19,
No obstante, sostuvo que cualquier solicitud de información que se tramite ante el CPC, este debe dar contestaciones, ya que el periodo de suspensión que dio el instituto por la emergencia sanitaria ya se venció, y en caso de no hacerlo, el Itaipue resolverá los recursos de revisión que haya.
“Están a la espera de que se resuelva de fondo el asunto para determinar si es sujeto obligado directo o no; el comité tendría que dar cumplimiento en materia de transparencia y no lo ha hecho, si bien la Secretaría Ejecutiva es el órgano de gobierno, el comité igual usa recursos públicos”, asentó.
Es necesario mencionar que, además de este amparo, los integrantes del comité tramitaron otro recurso luego de que la Secretaría Ejecutiva del SEA determinó recortar en más del 70 por cierto su salario, del cual hasta 2019 ascendía a más de 100 mil pesos; un juez federal dio la razón a dos de sus integrantes, quienes ya pidieron el retroactivo que fue retenido desde enero de este año.
