En Puebla, 406 personas recluidas en penales podrían ser beneficiadas con la preliberación en sus distintos métodos, indulto, liberación condicionada, anticipada o sustitutivo de pena, de los que el 91 por ciento son hombres y 9 por ciento mujeres; indígenas son 268.
Así lo dieron a conocer el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez y José Luciano Osorio Couttolenc, subsecretario jurídico de la dependencia, quienes fungen como presidente y secretario técnico del Consejo Consultivo del Indulto, respectivamente.
En su intervención, Méndez Márquez informó que son 3 mil 636 internos con sentencia en el estado, por lo que los 406 que están siendo analizados representan el 11.1 por ciento del total de la población penitenciaria.
No todos serán preliberados
El funcionario estatal precisó que esto no quiere decir que todos vayan a ser preliberados, ya que la ley establece un procedimiento “muy minucioso” para poder llevar a cabo su revisión jurídica, lo cual se dará durante las siguientes semanas.
Reiteró que a la preliberación llegaría bajo tres condiciones si la reparación del daño ya fue completada: el indulto, el perdón absoluto del delito cometido, aunque especificó que este método es muy limitado y tiene poca aplicación.
Además, también se encuentra la liberación condicionada, cuando la pena lleva un 50 por ciento de avance y la anticipada, cuando se lleve un 70 por ciento de la sentencia cumplida; así como el sustitutivo de pena, que aplicará para personas de la tercera edad con senilidad o “una enfermedad grave que ya no pueda tratarse dentro del penal donde se encuentra.
Cero sentencias por aborto
Osorio Couttolenc indicó que de los 406 casos que se revisarán a través del consejo, 370 corresponden a hombres, que son el 91 por ciento, mientras que 36 son de mujeres, que representa el 9 por ciento, entre éstas últimas cinco están procesadas por el delito de homicidio en razón de parentesco, pero no por aborto.
Precisó que de esta cifra se desprenden 268 personas indígenas, que significa el 66 por ciento del total, de los cuales 253 son del género masculino, que equivale al 94.4 por ciento de este grupo y 15, que representa el 5.6 por ciento, es del femenino.
Agregó que se tiene el registro de 65 personas de la tercera edad, que es el 16 por ciento del total de casos, de los cuales 55 son hombres y 10 son mujeres, mientras que los reclusos que tiene alguna enfermedad grave son 73, lo que representa una proporción del 18 por ciento de la cifra total, de estos 62 son hombres y 11 mujeres.
El funcionario estatal manifestó que todos estos casos serán evaluados conforme lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que se haga el análisis de riesgo y se proponga ante los jueces de ejecución su método de preliberación.
Juez de ejecución determinará liberación
Al ser cuestionado sobre si en estas cifras hay ciudadanos que puedan ser considerados dentro de la figura de “presos políticos”, indicó que están revisando este tema, por lo que será hasta que se concluya cuando se tome una determinación.
En su turno, Raúl González Schiaffini, director general de Ejecución de Medidas y Sanciones, explicó que dentro de estas posibilidades de preliberación hay tres excepciones por las que no se puede otorgar, que son para las personas acusadas de secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.
Detalló que el imputado deberá someterse a un “análisis de riesgo” conformado por un equipo interdisciplinario, que integra las partes jurídicas, psicóloga, criminóloga, de custodia y trabajo social, esto a fin de que se entreviste al sentenciado, a la víctima, a los testigos que declararon en su contra, a familiares y también para “evaluar si existe un riesgo para la sociedad” con su liberación y que tampoco exista vulnerabilidad para el imputado.
Finalmente, dijo que una vez completado este proceso, serán los jueces de ejecución quienes determinen si el sentenciado cumple con las condiciones adecuadas para ser liberado o no.
