En los dos primeros meses del confinamiento, en Puebla, las carpetas de investigación por violencia familiar subieron 8 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año pasado, aunque en esa cifra faltan las mujeres que no pudieron denunciar al enfrentarse a más obstáculos por la pandemia.
Quienes más dificultades se han encontrado a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19 son las que viven en localidades con menos acceso a ciertos recursos, expresó Natalí Hernández Arias, presidenta del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis).
Comentó que entre marzo (cuando inició el paro de actividades), abril y lo que va de mayo, la organización que dirige ha dado acompañamiento a casos de mujeres que intentaron denunciar violencia o pedir apoyo psicológico, pero las oficinas estaban cerradas.
Cuando encuentran a alguien de guardia por la contingencia, resulta que no está capacitado para atenderlas; “esto de por sí ocurre, pero se asentó con la contingencia”, afirmó en entrevista con Ángulo 7.
Puso como ejemplo que, en algunas zonas, la primera instancia a la que recurren son las presidencias municipales, pero cuando se acercan a preguntar, los funcionarios no saben cómo actuar; muchos menos, que también podrían acudir a algún Ministerio Público o cuál es el más cercano.
Órdenes de protección, difícil conseguir
Es decir, quieren denunciar, sin embargo, no les dan el servicio, lo cual, según datos del Cafis, también ocurre en estados como Veracruz o Guadalajara, de donde han recibido llamadas para solicitar atención.
En caso de que las atiendan, los encargados de la impartición de justicia les dicen que no procede su denuncia o no les dan las medidas de protección; cuando estas últimas las hacen efectivas, hasta “es un lujo”.
Para los agentes, hacer efectivas las órdenes, en caso de no encontrar al agresor en su domicilio para notificarlo, implica monitorear a las víctimas, “pero los agentes dicen: no queremos más trabajo (…) falta voluntad”, lamentó Hernández Arias.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en marzo y abril de este año, hubo mil 747 carpetas de investigación por violencia familiar, contra las mil 616 del mismo periodo de 2019, lo que representa 8 por ciento más.
A esto se suma que, ante la pandemia, en el país, se va a dejar de repartir métodos anticonceptivos, pues el sector salud decidió parar el programa de promoción, con el que los trabajadores van a las comunidades.
Violencia de género, una emergencia
Lo anterior genera un riesgo a mujeres a tener embarazos no planeados, mientras en Puebla está vigente la ley que las castiga por decidir sobre sus propios cuerpos al abortar, es decir, explicó, el estado falla en proveer métodos anticonceptivos y criminaliza a las mujeres por buscar opciones.
Hernández Arias aseveró que estos son “un gran pendiente” en las agendas del Congreso del estado y los gobiernos; en el caso del primero, refirió, desde que inició la actual Legislatura su constante ha sido: hay cosas más urgentes.
“Nunca se han atendido problemáticas que son estructurales y que, en momentos como este de Covid, justamente nos recuerdan la importancia de atenderlas”.
Por ello, hizo el firme llamado a que, por todos los medios, se fortalezca el discurso de la prevención de la violencia y reconocer públicamente la importancia del problema, ante lo que aprovechó para señalar como desafortunado que se lancen comentarios que minimizan el aumento de la violencia, lo cual es irresponsable e inofensivo para las víctimas.
Esto es una emergencia y el reconocimiento de las autoridades frente a esto debe ser fortalecer instituciones que atienden estos temas con recursos humanos y económicos para que den los servicios que se necesitan, así como seguir evaluando políticas públicas respecto al tema, finalizó.