Luego de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta retiró a la SSC de la ciudad de Puebla de las instalaciones del C5, la Comuna solicitó al estado la devolución de El Portalillo, la sede de la Secretaría de Transporte y un predio que servía de corralón.
Así lo anunció la secretaria del ayuntamiento, Liza Aceves López, quien en entrevista explicó que, a petición de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, el pasado 7 de abril giraron el oficio al mandatario, derivado de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) carecía de un sitio dónde colocarse, luego de que tuvieron que dejar las instalaciones del C5 por petición del gobierno estatal.
También, que los inmuebles estaban bajo préstamo y que sus respectivos comodatos habían vencido; agregó que la medida servirá para evitar que el ayuntamiento tenga que rentar otros predios para sus dependencias y ahorrar, con ello, los recursos del erario.
“No tiene mucho sentido que estemos pagando rentas y al mismo tiempo prestándole a otras órdenes de gobierno inmuebles”, comentó.
La sede de la Secretaría de Transporte y Movilidad, ubicada en la avenida Rosendo Márquez de la colonia La Paz, podría destinarse para instalar a la dependencia municipal de seguridad, mientras que El Portalillo, localizado en el barrio de El Alto, en la 14 norte 1206, alojaría a la Secretaría de Gobernación (Segom) o al área de Bienes Patrimoniales.
Mencionó que de la Segom se trasladarían 60 trabajadores al nuevo recinto, mientras que de la SSC, 250.
En cuanto al terreno, utilizado para resguardar motocicletas y vehículos estatales, que se encuentra en la calle 5 Sur, número 14501, del Centro Histórico, indicó que sería utilizado para almacenar grúas y cubrir la necesidad del municipio de tres nuevos corralones.
La funcionaria destacó que, en conjunto, las ubicaciones cuentan con una extensión de 8 mil metros cuadrados, en tanto, precisó que el préstamo no ocurrió en esta administración, sino que viene de las pasadas.
No es venganza, sí justicia, señala
Con relación a que dicha acción pudiera representan una afrenta contra la administración de Barbosa Huerta, Aceves López consideró que “no creo que sea una venganza, pero sí un acto de justicia y equidad”.
Esto, pues mencionó que tras salir del C5 por petición del gobierno estatal, donde laboraban cerca de 200 efectivos, era “importante” que el municipio hiciera uso de sus bienes, pues señaló que esto se derivó de que la Comuna quiso “defender” la autonomía municipal, lo cual género estos gastos no programados.
Mencionó que rentar otro sitio significaría un costo de 4 millones de pesos anuales, mientras que construir un nuevo espacio no es prioridad del ayuntamiento debido a la contingencia.
A su vez, precisó que no se estableció un plazo específico para la entrega de los inmuebles, dejando la fecha en manos del gobernador por “cortesía y amabilidad política”.
“El gobierno municipal fue muy cortés en términos de entregar en el momento en que fue solicitado el inmueble del C5, y esperamos reciprocidad en ese asunto”, declaró.
Lo anterior ocurrió como resultado de una pugna donde, desde hace un mes, el gobernador ha intentado tomar las riendas de la seguridad municipal, contra la resistencia de la edil Claudia Rivera Vivanco, quien ha sostenido defender la autonomía municipal.