Luego de que en noviembre de 2018, el entonces gobernador Antonio Gali Fayad firmara la declaratoria para la iniciativa de gobierno abierto en Puebla, el estado aún no presenta planes de acción para cumplir con este nuevo modelo.
De acuerdo con el estudio “Evaluación de los planes de acción local 2015-2019 desde la perspectiva de la sociedad civil”, elaborada por al menos 12 organizaciones civiles, entre ellas Artículo 19, IMCO, México Evalúa y Fundar.
El gobierno abierto es una iniciativa que busca una interacción entre los ciudadanos y sus autoridades, mediante una plataforma o espacio de acción, para compartir información que antes se resguardaba y así comunicar todo lo que decide y hace de manera transparente, con rendición de cuentas y datos publicados electrónicamente.
Según su análisis, a casi cinco años del lanzamiento de la Iniciativa gobierno abierto: 30 entidades firmaron la Declaratoria Conjunta pero sólo el 46 por ciento, es decir 14 estados han construido planes de acción Campeche, Coahuila, Durango, Jalisco, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Pese a que los estados antes mencionados presentaron medidas de acción, se determinó que la información pública de los mismos es limitada, además existe dispersión de la información y evidencia documental que respalde los procesos de construcción e implementación de los estos.
Lo anterior también dificulta el monitoreo efectivo, verificación y consulta de los resultados de cada compromiso.
Añadió que el 55 por ciento de los compromisos locales no tienen redacciones o estructuras claras, lo que no permite identificar cuál será el resultado final del compromiso e impacta en el monitoreo de su implementación, también existe una baja calidad y ambición en los compromisos locales, esto significa un obstáculo para generar procesos de apertura efectiva y apegados a los pilares de gobierno abierto.
Finalmente, la participación ciudadana es uno de los pilares con menor presencia e impacto en los llamados planes de acción, en el 26 por ciento de los compromisos no fue posible identificar la participación de sociedad civil y sólo 20 incluyen el pilar de participación dentro de sus objetivos o actividades.
Cabe recordar que el INAI señaló a Puebla como uno de los seis estados que más tardó en implementar su gobierno local.