En el país, 26 estados impulsan ejercicios locales de Gobierno Abierto, en los que convergen organismos garantes del derecho de acceso a la información, 80 autoridades y más de 120 organizaciones de la sociedad civil; pero en seis entidades –Puebla entre ellos– no sucede lo mismo.
Solo Puebla, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Yucatán y Tamaulipas no se han integrado a dicho ejercicio que busca la solución colaborativa a problemas públicos de alto impacto, informó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el marco del proyecto Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local.
A la fecha, en 26 entidades federativas se impulsan ejercicios locales de Gobierno Abierto, para la identificación de problemas públicos y en la definición de alternativas de solución en las que el gobierno y los ciudadanos puedan colaborar en conjunto.
En 2015 se sumaron a la iniciativa los estados de Morelos, Durango, Oaxaca, Baja California, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas, Jalisco, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.
Mientras que en 2016, hicieron lo propio, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Chihuahua, y durante 2017 se sumaron las entidades de Guanajuato, Quintana Roo y Baja California Sur.
16 secretariados y 10 planes de acción
De acuerdo con el INAI, se han instalado 16 secretariados técnicos locales en los estados de Morelos, Durango, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Baja California, Campeche, Nuevo León, Sonora, Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Tabasco.
Asimismo, se han publicado 10 planes de acción local en los estados de Morelos, Durango, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Coahuila, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí y Campeche, que contienen 62 compromisos puntuales orientados a promover la apertura de las instituciones gubernamentales.
El INAI concluyó que con esta iniciativa se propicia la conformación de espacios permanentes de diálogo, los secretariados técnicos locales, para desarrollar entre funcionarios, órganos garantes y organizaciones de la sociedad civil, capacidades para la implementación de planes de acción, que les permitan resolver problemas públicos de manera colaborativa.
