Ciudadanos se mostraron a favor de que se declare “inconstitucional” el cobro por corregir en actas de nacimiento los errores de servidores públicos, además de que acusaron que, cuando acuden a hacer el trámite, brindan poca información y que su portal de citas no sirve.
Ángulo 7 entrevistó a algunos usuarios que acudieron al Instituto Regional y Catastral del Estado de Puebla; entre los casos, destacó el de “María”, quien fue anotada en el registro de Tehuacán solo con un nombre y sin apellidos, situación que supo cuando se convirtió en albacea de una herencia y que afectó el proceso.
Desde Tijuana, donde radica, tuvo que ir a dicho municipio para pedir la copia del registro e iniciar el cambio; sin embargo, comentó que no se la pudieron entregar de forma inmediata, ya que la firma de estos trámites está parada por la ausencia de edil; tuvo que insistir hasta que al tercer día lo logró, trasladándose entonces a la Angelópolis.
Fue en dicho instituto donde le dieron la sorpresa de que si quería corregir sus datos, primero debía presentar la copia fiel del registro de su padre para comprobar la paternidad, lo que deberá solicitar en Tepexi De Rodríguez; también, por la presencia de ligeras marcas, los trabajadores le dijeron que su acta estaba “alterada”, por lo que además debe iniciar un juicio.
“No se me hace justo que por un error que no cometí yo incluso tenga que pagar a un abogado. Qué locura es esta”, expresó enojada.
Y es que los entrevistados manifestaron al unísono su descontento con estos trámites, pues la mayoría tiene que acudir de distintos municipios y estados sólo para ser rechazados por la falta de un documento, en tanto son exhortados a pedir cita previa a través de la página, cuando ni siquiera funciona.
Ese fue el caso de María Teresa de los Santos Aispuro, quien acudió desde la Ciudad de México sin éxito, pues ha sido rechazada en dos ocasiones por la falta de eficacia de los trabajadores, al asegurar que la primera vez no le informaron que su constancia de origen debía llevar foto, así como acudió a corregir el acta de nacimiento de su padre, José Portino de los Santos Pérez, ya que este último apellido no aparece en el libro
Consideró que el costo por la modificación de datos por lo menos debería ser más bajo, ya que la mayoría vienen de otros estados, lo que implica gastos de traslado y comida, cuando no tienen que quedarse en la capital por algún error.
“Absorber gastos es obligación del gobierno”
Odilón Montés Tlacuilo viajo desde Ocoyucan para corregir el acta de su hija, cuyos apellidos reales son Montes Romero, pero el registro, por error administrativo, sustituyó el último por “Ramos”; ahora, a la hija la devora la necesidad de corregirlo para realizar trámites en Estados Unidos, donde radica.
Su padre, de la tercera edad, comentó que estas equivocaciones son inadmisibles, pues “pensamos que son persona capacitadas para hacer esos trámites. Y ahora tenemos nosotros que promover un juicio. Es dinero”.
Por ello, consideró que el gobierno estatal “no debe de cobrar nada”, pues tratándose de un error administrativo “ellos deben absorber los gastos”; agregó que estos procedimientos se complican más para las personas de la tercera edad que necesitan la corrección para recibir apoyos y pensiones.
Fue por ello que los entrevistados se manifestaron a favor de que se declare como inconstitucional el cobro de estas correcciones, ante lo cual, diversas organizaciones civiles del estado pidieron a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local que promueva una dicha acción.
Los colectivos señalaron que de acuerdo con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el acta es un documento público cuya formación compete a funcionarios del Estado, por lo que el ciudadano no tiene responsabilidad alguna por los errores o imprecisiones que haya en él, de manera que los cobros violan el derecho a la seguridad jurídica.
