El gobierno de Puebla reconoció que el 85 por ciento de la deuda (que es de 46 mil millones de pesos) corresponde a los pagos de los proyectos de inversión a largo plazo: el CIS, MIB y las plataformas de la armadora Audi, así como subsidios otorgados a RUTA y la automotriz.
En la comparecencia de este martes, la secretaria de Planeación y Finanzas (SPF), María Teresa Castro Corro, desglosó ante el Congreso del estado la cifra que en agosto de 2019 reportó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Resaltó que, para atender los compromisos financieros adquiridos en administraciones anteriores, la actual gestión ha evitado la contratación de deuda pública además de que ha cumplido con el pago del servicio de sus obligaciones directas.
Para ello, se destinaron 239 millones 84 mil pesos, de los que 20.46 por ciento corresponde al pago de capital y el 79.54 por ciento, al de intereses; con ello, la deuda directa del gobierno de Puebla disminuyó .9 por ciento en términos nominales y 3.8 por ciento, en términos reales.
Al 30 de noviembre de 2019, reportó, el saldo de la deuda pública se integra por 5 mil 161 millones 997 mil pesos de deuda directa, mil 516 millones 630 mil pesos de deuda avalada o contingente y 249 millones 790 mil pesos de deuda sin aval ni garantía estatal.
Adicionalmente, el gobierno de Puebla enfrenta obligaciones de pago de largo plazo (que la secretaria incluyó como pasivo) por un monto, de 39 mil millones 514 mil pesos, por concepto de subsidios otorgados a la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), Audi, pago a Proyectos de Inversión a Largo Plazo –Centro Integral de Servicios (CIS), Museo Internacional Barroco (MIB) y las plataformas Audi-Ciudad Modelo–, así como diversos convenios de carácter público y privado.
Las cifras dan un total de más de 46 mil millones de pesos, aunque en tribuna, Castro Corro señaló que la suma era de 44 mil millones de pesos.
Cabe mencionar que el MIB y las plataformas para Audi se adquirieron mediante Asociaciones Público Privadas (APP), mientras que el CIS, a través del esquema Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), todos en el sexenio de Rafael Moreno Valle, cuya administración contrató un fideicomiso para que la recaudación del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) sirviera de aval para el pago de las obras.
Con información de Edgar Guzmán
