El juicio con el que el ayuntamiento de Puebla se vio obligado a pagar 14 millones 566.35 pesos se debe a que la Comuna expropió desde 2004 un predio a un particular, pero que se fue dilatando hasta que el quejoso presentó un amparo en 2016.
Así lo informó, en entrevista con este medio, el síndico municipal, Gonzalo Castillo Pérez, quien indicó que la sentencia fue recibida el 26 de octubre del año pasado, es decir, 11 días después de que inició la administración de Claudia Rivera Vivanco, y que el martes pasado el regidor del blanquiazul Enrique Guevara Montiel dio a conocer a través de redes sociales.
Explicó que el antecedente que se tiene es que en el trienio del panista Luis Paredes Moctezuma, de 2002 a 2005, en sesión ordinaria del 31 de marzo del 2004 el Cabildo aprobó un decreto expropiatorio para utilidad pública con el fin de construir una escuela.
Dicho predio de una superficie de 9 mil 510.96 metros cuadrados se ubica en la avenida Tecnológico, número 9016, de la colonia fraccionamiento Maravillas, pero no se le pagó la indemnización correspondiente al propietario.
Ante esto, agregó, el afectado promovió un expediente en el departamento de Expropiaciones del ayuntamiento, por lo que se abrió el proceso y se tomaron los avalúos correspondientes en Catastro, para calcular el costo total del predio.
Queja contra recurso no fue procedente
Sin embargo, debido a que las administraciones anteriores fueron dilatando el proceso, el afectado presentó un amparo a través del expediente 335/2016, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, y de Trabajo y de Juicios Federales.
El funcionario municipal manifestó que tras haber recibido la notificación de la sentencia por parte del juzgado federal, se promovió un recurso de queja el 7 de noviembre del año pasado, argumentando que era ilegal.
No obstante, tras resolver el recurso, el juzgado determinó, el 1 de marzo de este año, que no era procedente porque se trataba de un incidente innominado en el que ya estaba cuantificada la cantidad a pagar, por lo que le ordenó cumplir con el requerimiento.
“En el estado procesal que guardan los presentes laudos, se advierte que mediante la resolución del 26 de octubre de 2018 se resolvió el incidente de indemnización que le corresponde al quejoso, en lo equivalente al 75 por ciento de la parte expropiada”, cita el documento.
Por lo anterior se le dio a la Comuna poblana un término de tres días naturales para el acatamiento, pues de lo contrario caería en no inejecución de sentencia, lo que generaría una multa para la autoridad responsable de 200 unidades de actualización establecidas en la Ley de Amparo.
Sentencia se cumplió el 13 de marzo
Además de que el artículo 26 de la Constitución en la materia establece que ante el desacato a un ordenamiento judicial se procedería a la desindexación del Cabildo en turno y posible consignación, es decir, enfrentarían un proceso penal.
Castillo Pérez sostuvo que el recurso ya se entregó al quejoso, quien compareció ante la Comuna, se levantó un acta de pago y se le dio su cheque nominativo a su nombre que salió de Tesorería, ya que no debe ser en efectivo, además de que se le tomaron fotos para comprobarlo.
“Nos estaban diciendo, lo cumples o lo cumples, si nosotros no pagábamos esa cantidad nos iban a multar, no había otra cosa que ver porque ya estábamos apercibidos, por eso tras enviar las pruebas al juzgado, este dio por ejecutada la sentencia en su totalidad el pasado 13 de marzo”, pronunció.
Finalmente, el síndico manifestó que el ayuntamiento no se ve afectado con este pago, ya que como en cada año cuando se aprueba el Presupuesto de Egresos, se etiqueta una partida específica para el capítulo de Laudos y Sentencias.
