Ante el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para que en Puebla se desprivatice el servicio de agua potable y alcantarillado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reiteró que antes de revertir la concesión a la empresa Concesiones Integrales, primero deben garantizar el suministro.
Lo anterior implica que deben analizar jurídicamente el convenio que se hizo y que no pasó por el Congreso del estado, para tomar una decisión, abundó en entrevista.
Indicó que valoran la operación en tanto se define el futuro del contrato, para lo cual tiene un despacho de los más importantes de México para este caso en que van a enfrentar a uno “de los hombres más poderosos en el tema y no les tengo miedo”.
Dijo estar de acuerdo con López Obrador respecto a que el agua es un derecho humano y no un negocio, pero deben hacer el proceso jurídico correcto para terminar con esa concesión que tiene por 30 años Agua de Puebla.
“La carencia de agua y de un mejor servicio no se resuelve sólo con revocar la concesión que tiene Agua de Puebla, sino con regularizar la entrega de este recurso y evitar que se presente cualquier irregularidad”, apuntó.
Barbosa Huerta reiteró que a la par de emprender un juicio, tienen que trabajar en proyectos de agua potable para garantizar el suministro.
Expuso que Agua de Puebla opera en los mismos polígonos que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), sin abarcar toda la zona metropolitana ni la conurbada, pero también tienen que pensar en obras para el resto de los municipios.
El miércoles pasado, en la conferencia mañanera del presidente de la nación, Ángulo 7 preguntó su opinión sobre la privatización del suministro pese a que es un derecho consagrado, cuya respuesta de él fue que tocaba a los gobiernos estatales y congresos revisar esas concesiones, ya que a nivel federal no se permitió que ocurriera.
En su momento, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, declaró que tocaba a la administración poblana la parte jurídica y al Congreso del estado hacer las reformas para prohibir los cortes de agua y drenaje, así como evitar el uso de la fuerza pública por adeudos.
