Estos 3 y 4 de mayo se cumplen 13 años del operativo en San Salvador Atenco, Estado de México, donde 11 mujeres fueron víctimas de violencia sexual y tortura y quienes exigieron castigo, no una disculpa pública.
Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el gobierno federal es responsable de las violaciones a las garantías de las víctimas, de acuerdo con el Centro Pro de Derechos Humanos, que acompaña el caso, no hay ni un elemento policiaco, ni ningún integrante de la cadena de mando, que enfrente una condena en prisión por el caso.
Cristina Sánchez, una de las víctimas, indicó que a ellas no les interesa una disculpa pública simbólica del gobierno, pues lo que quieren es justicia: castigo para los culpables.
De ese modo, agregó, otras mujeres tendrán la garantía de que no les sucederá lo mismo.
El 21 de diciembre, la CIDH recordó que la policía de Texcoco y San Salvador de Atenco, la estatal y la Federal Preventiva reprimieron las manifestaciones que se llevaban a cabo los 3 y 4 de mayo de 2006 en dichos municipios; sin embargo, la culpa únicamente recayó en el gobierno federal, de entonces Felipe Calderón Hinojosa, sin señalar a Enrique Peña Nieto, quien entonces era gobernador.
En el curso de los hechos, fueron detenidas las 11 mujeres víctimas del caso, quienes –aseveró– durante su detención y mientras eran trasladadas al Centro de Readaptación Social (Cepreso) “Santiaguito” fueron sometidas a agresiones verbales y físicas, incluida la violación sexual de siete de ellas, por parte de los agentes como una forma de control social.
La CIDH concluyó que la actuación de las autoridades se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada contra toda persona que pudiera formar parte de las manifestaciones y que las mujeres estaban ejerciendo conductas pacíficas cuando fueron detenidas.
Fuente: Animal Político
