La CIDH determinó que el gobierno federal es responsable de la violencia sexual y tortura contra 11 mujeres en un operativo en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006, cuando era gobernador Enrique Peña Nieto.
Por medio de un comunicado publicado el 21 de diciembre, el organismo recordó que la policía de Texcoco y San Salvador de Atenco, la estatal y la Federal Preventiva reprimieron las manifestaciones que se llevaban a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006 en dichos municipios. Sin embargo, la culpa únicamente recayó en el gobierno federal, sin señalar al ahora expresidente.
Es necesario recordar que dicho incidente se registró durante la administración panista de Vicente Fox Quesada.
En el curso de los hechos, fueron detenidas las 11 mujeres víctimas del caso, quienes –aseveró– durante su detención y mientras eran trasladadas al Centro de Readaptación Social (Cepreso) “Santiaguito” fueron sometidas a agresiones verbales y físicas, incluida la violación sexual de siete de ellas, por parte de los agentes como una forma de control social.
Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los médicos que las atendieron al llegar al Cereso, quienes se negaron a practicarles exámenes ginecológicos y a reportar la violación sexual, lo cual constituyó un elemento adicional de trato degradante.
Investigaciones no fueron adecuadas
Por lo anterior, se iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos denunciados por las mujeres, ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento que finalizó con una absolución, pero la Corte estableció que las indagaciones realizadas por el Estado no fueron llevadas a cabo con la debida diligencia y perspectiva de género requeridas.
Destacó que, en el trámite del caso ante la Corte, México reconoció su responsabilidad internacional por la violencia física, psicológica y sexual, tortura, privación de la libertad, falta de notificación de las razones de la detención, ausencia de una defensa y de atención médica adecuada, la afectación a su salud, las garantías judiciales, y el deber de investigar actos violentos contra la mujer.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la actuación de las autoridades se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada contra toda persona que pudiera formar parte de las manifestaciones y que las mujeres estaban ejerciendo conductas pacíficas cuando fueron detenidas.
Consideró que la violencia en contra de las 11 víctimas constituyó discriminación por razones de género y concluyó que sus detenciones fueron ilegales, además de que la prisión preventiva que les fue impuesta resultó arbitraria, pues no respondió a una finalidad legítima.
Estado debe brindar tratamiento
Como consecuencia directa de la privación de la libertad y tortura sexual de las 11 mujeres, sus familiares padecieron un “profundo sufrimiento en detrimento de su integridad psíquica y moral”, por lo que ordenó al Estado iniciar las investigaciones que sean necesarias, incluyendo una perspectiva de género, para sancionar a los responsables.
Además de brindar de gratuita e inmediatamente el tratamiento médico y psicológico a las víctimas, reconocer públicamente su responsabilidad internacional y disculparse, crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México, establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para evaluar la efectividad de las políticas e instituciones en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza, y elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.
También se ordenó al gobierno el pago de determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales y el reintegro de gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, no obstante, no se mencionó el monto de lo que tenían que dar en remuneración.
Cabe mencionar que las afectadas son: Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez.