Integrantes de siete comunidades indígenas que avalan la hidroeléctrica Puebla 1 rechazaron la representación de integrantes del Consejo Tiyat Tlali y asociaciones civiles que se oponen al proyecto y a las que señaló de negarse al diálogo.
Luego de que en conferencia de prensa, las organizaciones Fundar, Consejo Tiyac Tlali e Imec denunciaron amenazas, representantes de San Felipe Tepatlán, Xochimilco, Xochicugtla, Altica, Emiliano Zapata, Zoquiapa y Cuatepalcatla negaron las acusaciones que organizaciones que no pertenecen a sus comunidades hacen de “forma irresponsable sobre nuestros compañeros”.
Señalaron que Amnistía Internacional México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Consejo Tiyat Tlali, Fundar Centro de Análisis y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario se adjudican una representación que ha dado una minoría a la comunidad lo cual han informado al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ratificaron su apoyo al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 ya que durante 18 meses participaron en un proceso llevado por autoridades de distintos niveles de gobierno en el que realizaron una consulta informada, misma que, como señaló la sentencia 598/2016 del Juez Miguel Arroyo Herrera, cumplió con la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Irresponsables, sus acusaciones
Acusaron que organizaciones como Fundar y el Consejo Tiyat Tlali obstaculizan su derecho a la autodeterminación y rechazan el diálogo, prueba de ello, agregaron, es que el pasado 18 de octubre siete personas, representando a las siete comunidades, acudieron a las oficinas de Fundar en Coyoacán, Ciudad de México, para solicitar que no continuaran con el proceso jurídico.
La respuesta a su solicitud fue la conferencia de prensa pública de este jueves en la que se les acusó “irresponsablemente de incitan a un ambiente negativo”.
Respecto a que existen violaciones al derecho a la propiedad, contra el medio ambiente, contra el agua y a la libre determinación de los pueblos, se presentaron las pruebas ante el Poder Judicial y de ahí la resolución a favor de un proyecto que es en beneficio de todos.
Las comunidades indígenas invitaron a estas organizaciones a que, en caso de que tengan elementos que comprueben amenazas, denuncien ante las autoridades como ellos lo hicieron en las carpetas 17/2017/Zacatlán y NUAT.217/2019/FIR.