Las organizaciones Fundar, Consejo Tiyac Tlali e Imec denunciaron amenazas y hostigamiento por oponerse a la hidroeléctrica Puebla 1, de la empresa Deselec del grupo Comexhidro, en la Sierra Norte y que generará electricidad para un Walmart.
En conferencia de prensa, los activistas precisaron que en los últimos meses y en el marco de la sentencia emitida el pasado 10 de octubre –en la que un juez negó a las comunidades demandantes un amparo y avalar una consulta simulada, e ignorar los impactos ambientales que dicho proyecto tendrá sobre sus tierras y su vida– los incidentes de hostigamiento se incrementaron.
Añadieron que recientemente las comunidades denunciaron la generación de un ambiente de tensión y desconfianza que busca dividirlos, utilizando la criminalización legal en contra de varios de ellos.
Itzel Silva, abogada de la organización Fundar, denunció que a las oficinas de la organización llegó una fotografía de la casa de Silvia Villaseñor, integrante del Imdec, lo que les muestra que la población opositora al proyecto ha sido vigilada, a lo que se suma que un grupo de pobladores cercanos a la empresa Deselec acusó a la habitante de causar conflictos en la comunidad.
Señalaron que en las comunidades organizadas, personas difundieron una lista con los ingresos que Fundar recibe de sus financiadoras, recriminando que los pueblos no tienen esas ganancias y cuestionando por qué están en contra del progreso.
Desde 2016, el Consejo Tiyat Tlali, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y Centro de Análisis e investigación (Fundar), acompañan jurídicamente a las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, pertenecientes a los municipios de Ahuacatlán y de San Felipe Tepatlán, donde se instalará la hidroeléctrica.
Qué traerá la hidroeléctrica…
Por su parte, el Consejo Tyat Tlali denunció que entre los impactos que tendrá la obra será la remoción de vegetación forestal, desvío del río, compactación de suelo, disminución en la calidad del agua, erosión río abajo, destrucción y reducción del hábitat de especies y de los ecosistemas ribereños, aislamiento de las poblaciones de peces por efecto barrera, generación de gases de efecto invernadero, proliferación de insectos transmisores de enfermedades y contaminación de acuíferos.
Las tres organizaciones civiles hostigadas hicieron un llamado al Estado mexicano, a nivel local y federal, a garantizar la protección de las personas defensoras tanto de las organizaciones acompañantes, como de las comunidades.
Otras de las organizaciones que se unieron al reclamo fueron Amnistía Internacional México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Oxfam México, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Poder, Servicios y Asesoría para la Paz, y el Centro de Estudios Ecuménicos
Cabe recordar que un juez negó el amparo contra el Proyecto Hidroeléctrica Puebla 1, interpuesto en 2016 por mil 96 indígenas totonacas.