Investigadores y académicos reunidos en el Inaoe pidieron una prórroga para discutir la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías presentada en el Senado y su marco jurídico, pues alertaron que podría afectar negativamente al sector.
Leopoldo Altamirano Robles, director general del Inaoe, y el diputado local Armando García Avendaño, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidieron el primer día del “Conversatorio para el análisis del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación”, convocado por los Congresos de la Unión y de Puebla, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (Inaoe), que además fungió como sede.
Francisco López Bárcenas, representante del Colegio de San Luis, afirmó que la iniciativa de ley critica a los últimos tres sexenios respecto a la investigación en ciencia y tecnología, asegurando que se requerirá de un nuevo marco jurídico institucional para que se reconozca a las humanidades junto con la investigación científica y el desarrollo tecnológico como actividades prioritarias para el desarrollo.
En una de las ocho mesas de trabajo, a cargo de José Ramón Eguíbar Cuenca, de la BUAP, se discutió el “Marco jurídico y diseño institucional”, se rechazó que se sugiera que la correspondencia entre sociedad y ciencia es poca o nula, por lo que se enfatizó que los repositorios nacionales, donde se incluyan y desarrollen todas las investigaciones y patentes servirán para sumar a la transparencia.
Desaparecer centros sería erróneo
Fernando Chapa Lara, del ITP, lideró la mesa sobre “el sector industrial como promotor de desarrollo basado en CTI” y apuntó que “la ley no es oportuna, pero aporta al proponer estrechar la vinculación de los centros de investigación y desarrollo del conocimiento con los sectores sociales y con la industria”.
José Javier Báez Rojas, del Inaoe, quien presidió la mesa sobre “Centros Públicos de Investigación”, declaró que sería un error desaparecer centros pequeños que se dedican a investigaciones muy específicas para concentrarlos en uno y aseguró que es necesario plantear lineamientos que trasciendan los sexenios para evitar que se modifiquen en cada cambio de administración federal.
José Sánchez Salas, de la Udlap, cabeza de la mesa “Financiamiento público y privado para el desarrollo científico y de innovación nacional”, tachó la propuesta de ley como poco detallada y acentuó que, al aprobarse, pondría en riesgo muchos proyectos y a los mismos centros de investigación.
Rosa Lima Rodríguez, subsecretaria de Educación Superior, consideró que es riesgoso acortar los incentivos a científicos y académicos, además de que no existen lineamientos en el emprendedurismo, por lo que el punto medular de la ley debe ser el facilitar el seguimiento a las aportaciones científicas que se generan.
Ciencia puede aportar a temas nacionales
Karla Patricia Piña Kurczyn, líder de la mesa “La importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en México”, explicó que es necesario sentar precedentes de las instituciones que con recursos públicos han generado patentes y demostrar que ejercen el presupuesto de manera eficiente.
En la mesa “las actividades científicas, tecnológicas y de innovación para la solución de problemas nacionales, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) como eje transversal en el plan Nacional de desarrollo (PND)”, Eduardo Guadarrama, del Inaoe, argumentó que si llegara a desaparecer el foro consultivo de ciencia también lo harían los contrapesos y puntualizó que pueden aportar a temas nacionales.
En el conversatorio, los asistentes aseveraron que la iniciativa compromete su trabajo y su principal preocupación fue que al incluir el concepto de Humanidades como prioritario y requisitar un reporte de alcances sociales de un proyecto, se está limitando el tipo de investigaciones que podrán ser desarrolladas con financiamiento público.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales
