La reforma a la Ley de Agua en Puebla, cuya aprobación impulsa la diputada Nora Merino Escamilla, sería inviable y violaría derechos humanos en vez de protegerlos, pues prohíbe cortes de servicio sólo cuando el gasto sea menor de 300 litros al día, y un hogar promedio precisa al menos 400.
Empodera también a la concesionaria Agua de Puebla, que opera el servicio en la capital, ya que le concede autoridad para determinar qué tomas registran el consumo máximo para evitar la suspensión del vital líquido.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona requiere de 100 litros de agua al día (es decir, 5 o 6 cubetas grandes) para satisfacer necesidades, tanto de consumo como de higiene.
En el caso de personas enfermas y de la tercera edad, el consumo mínimo aumenta a 120 litros.
Si se considera que una toma abastece al menos a una familia de cuatro integrantes, lo que gasten excederá lo indicado para evitar el corte, aunque se autolimiten al máximo.
En entrevista con Ángulo 7, Omar Jiménez Castro, abogado de la ASA, criticó que los diputados intentan “maquillar” la ley actual, sin cumplir su promesa de proteger a los poblanos y revocar la concesión del agua, y advirtió que se abre la puerta para que sigan siendo agraviados por la concesionaria.
“Las acciones que intenta implementar la actual legislatura son contrarias a las políticas que requiere la población porque no podemos dejar de contemplar que el acceso al agua es un derecho humano”, acotó.
Están condicionando derecho, critican
El también síndico suplente del ayuntamiento remarcó que “el agua es un derecho humano, reconocido en la Constitución, y no está sujeto a negociación o a condicionarlo, pero los diputados lo están condicionando”.
Y es que en el proyecto de reforma, presentado en julio y avalado en comisiones la semana pasada, la propuesta de redacción del artículo 5 “el agua potable y el saneamiento para uso doméstico es un derecho humano y la prestación de su servicio cuestión de orden público”.
Añade que “es inaplicable la suspensión o restricción del servicio básico por motivaciones relativas a su cobro” y que la “la fuerza pública para ejecutar el cobro de los derechos correspondientes a la prestación de este servicio”.
No obstante, el artículo 56, indica que “la restricción (del servicio de agua) no podrá ser menor a un gasto de trescientos litros por día”, mientras que el 99, contempla que el operador podrá “suspender” el servicio por falta de pago “salvo para el servicio doméstico”, pero este no debe exceder un “gasto de trescientos litros por día”.
En la fundamentación legal de la iniciativa, no aparece citado ningún estudio ni tratado internacional que justifique que dicha cantidad es cubre las necesidades del uso doméstico.
No prevén cómo determinar gasto
Por lo anterior, Jiménez Castro cuestionó qué tipo de mecanismo van a establecer en la ley para que Agua de Puebla determine el consumo de las familias, pues apenas el 16 por ciento de los hogares cuenta con medidores.
Sobre este particular, recordó que la Asociación Social del Agua (ASA) ha documentado que una de las prácticas más denunciadas por los ciudadanos es precisamente que la empresa les vende medidores “no confiables”, por más de 2 mil pesos.
Asimismo, señaló que nada en la redacción de la iniciativa de ley, suscrita también por el diputado morenista Gabriel Biestro Medinilla, garantiza que Agua de Puebla asegure el suministro de 300 litros al día
