La Consejería Jurídica exhibió que Roberto Moya Clemente, exsecretario de Finanzas; la diputada federal Maiella Gómez Maldonado; el ex titular de Turismo, Ángel Trauwitz Echeguren; el otrora legislador local, Eukid Castañón Herrera, entre otros, tenían prestanombres en notarías.
En rueda de prensa en Casa Aguayo, el consejero Ricardo Vélazquez Cruz, reiteró que las patentes, entregadas en la recta final sexenio de Rafael Moreno Valle y de la gestión de Antonio Gali Fayad, adolecen, ya que fueron hechas “al tenor de actos que por su propia naturaleza eran inexistentes”.
Por ello, sostuvo que se está corrigiendo el “error”, ya que al ser ilegales se están cometiendo tres delitos: uso indebido de documentos públicos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa.
Agregó que en al menos cinco notarías, los titulares no están a cargo y tienen designados a familiares sin la preparación para desempeñar la labor de fedatarios, pero será hasta que se revisen todas para conocer cómo están operando.
“Vamos a esperar los tiempos de defensa que tienen ellos, que agoten sus recursos legales, amparos, pero al final de cuentas tal vez se haga un poco más largo pero la razón legal la tenemos nosotros, no permitiremos actos ilegales”, pronunció.
Precisó que entre los morenovallistas vinculados en estas patentes son el senador Roberto Moya Clemente, quien era el suplente del exmandatario; un familiar cercano a Eukid Castañón Herrera, la diputada federal Verónica Sobrado Rodríguez y Mercedes Aguilar López, exsecretaria particular de Moreno Valle.
Exmorenovallistas, entre los beneficiados
Además de los ex diputados locales Cupertino Alejo Domínguez; Manuel Pozos Cruz; Patricia Leal Islas; Mario Rincón González; Víctor León Castañeda y Ángel Trauwitz Echeguren.
También está el expriista Sergio Salomón Céspedes, actual alcalde de Tepeaca, que llegó al cargo cobijado por Movimiento Ciudadano (MC).
En la mira Diódoro
Al ser cuestionado sobre si igual se actuaría contra Diódoro Carrasco Altamirano, ex titular de la extinta Secretaría General de Gobierno, comentó que primero se enfocarán en el análisis de las notarías y una vez que se concluya se revisarán las acciones legales a implementar contra los involucrados.
“Estamos en las revisiones de las patentes y se está construyendo una ruta jurídica para ver a quien se puede todavía determinar culpabilidades, lo cual implicaría ya una denuncia en la Fiscalía y ya tendría que determinarlo un Tribunal el proceso”, expuso.
Finalmente, reconoció que en el estado se exceden el número de notarías, ya que por cada 50 mil habitantes debería haber una, es decir, por los más de 6 millones de poblanos solo tendría que ser alrededor de 120 y actualmente se cuentan con más de 150.
