Enrique Cárdenas Sánchez, integrante de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI), entregó un oficio al Congreso local pidiendo que se investiguen los posibles actos de corrupción que hubo para la construcción de la planta Audi en San José Chiapa.
En entrevista, en la sede del poder Legislativo, en donde igual entregó el libro “La Trama Audi, componendas de un gobierno autoritario” resultado de la investigación que hizo la organización, comentó que se han “descubierto” una serie de irregularidades que involucran a exfuncionarios.
Además, pone al descubierto el “modus operandi” del gobierno del exmandatario Rafael Moreno Valle para ocultar la deuda, pues siguen vigentes las mismas condiciones que tenía sin que el Congreso poblano lo supiera.
Sostuvo que una de las principales irregularidades que se dieron para que llegara la armadora alemana es la compra de terrenos a los ejidatarios y posterior entrega a la planta, pues fueron adquiridos a un precio “muy bajo”.
Refirió que una de las acciones que deben resolverse primero es la reserva de todos los contratos que se hicieron, ya que si bien es una facultad del Ejecutivo, los diputados deben de hacer presión para que se concrete.
“Para este proyecto se usaron procesos de poder autoritario materializados en el control absoluto de las instituciones públicas en un marco de opacidad, violaciones a la autonomía municipal, manejo de información privilegiada para beneficio de unos cuantos y un aumento exponencial de la deuda pública”, pronunció.
El también excandidato a la gubernatura de Puebla manifestó que el Congreso local no solo debe instruir a que se investigue el caso, sino que cambiar la legislación para transparentar los fideicomisos, así como garantizar la autonomía de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción.
Debe reformarse la ley, afirma
Y es que, dijo, si no se cambia el modo de operación que tuvo Moreno Valle para este y otros proyectos, el gobernante en turno podría igual “abusar” de estas prácticas sin dar información al Legislativo y seguir ocultado la deuda pública.
Refirió que el problema no es contra la planta alemana, ya que esta ha cumplido con lo que prometió para su instalación, como es la generación de empleos, sino que el detalle se centra en lo que se hizo por parte de la administración estatal morenovallista para que llegara.
El académico mencionó que es viable que se haga uso de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), y de Asociación Pública Privada (APP), siempre y cuando estén transparentados y regulados para que los ciudadanos tengan conocimiento de los recursos destinado a ellos.
Puntualizó que si bien la zona de Ciudad Modelo, así como el Parque Finsa II han sido un “fracaso”, pues no se han desarrollado como en su momento se anunció, no deben cancelarse, ya que es dinero invertido y debe buscarse la manera de que se desarrollen productivamente para la zona.
Por otra parte, Cárdenas Sánchez calificó como positivo que el gobernador Miguel Barbosa Huerta haya anunciado que se desglosará la deuda pública que asciende a 44 mil millones de pesos, pero detalló que no es suficiente, pues es bueno decir el pasivo que se tenga, pero debe reformarse la ley y evitarse que el estado se vuelva a endeudar.
Finalmente, indicó que además del Congreso local igual se entregará la misma petición a la Auditoria Superior del Estado (ASE), La Secretaría de la Función Pública, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Itaipue, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria Nacional.
