En el Hospital Psiquiátrico Doctor Rafael Serrano, conocido como “El Batán” en Puebla, los pacientes son amarrados y obligados a hacerlo a otros compañeros como parte de una política de ingreso al hospital y también como castigo, sin importar su estado de salud.
Así lo señaló una persona que estuvo internada en dicho nosocomio, este testimonio forma parte del “Informe alternativo ante el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 2014-2019”.
Su realización estuvo a cargo del Colectivo Chuhcan, Disability Rights International, Equis Justicia para las Mujeres, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Red por los Derechos de la Infancia (Redim) y Transversal.
El exinterno narró que las personas que llegan a este lugar son amarrados un día entero, también comentó que los enfermeros piden ayuda a los pacientes que se encuentran más estables para atar a los de nuevo ingreso.
Añadió que de igual forma, las sujeciones son utilizadas como una forma de castigo, si se considera que una persona “se porta mal” es amarrado, si no come “bien” también lo atan. Esta persona comentó: “en una ocasión fue amarrado por leer una revista en voz alta, porque los doctores pensaron que estaba alucinando”.
En sus observaciones el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consideró alarmante el empleo de la coerción física hacia las personas con discapacidad que se encuentran viviendo en instituciones, ya que pueden “constituir actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ello, recomendó a México que ponga fin al uso de este tipo de medidas.
Cabe recordar que el año pasado, “El Batán” fue visitado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que determinó que las instalaciones del hospital no son aptas, hay insuficiencia de equipo y personal médico, así como de seguridad y existen cucarachas.
Puebla, sin presupuesto para capacitación
Otro hallazgo de la investigación fue que desde 2008 y hasta 2017, el gasto a nivel nacional en capacitación en materia de discapacidad representó menos del 1 por ciento del presupuesto asignado al adiestramiento judicial.
En este tenor, nueve de los 32 poderes judiciales (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas) no asignaron presupuesto a la materia y otros 16 estados no tienen información al respecto, pese a que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados deben promover “la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, pues en muchas ocasiones estos individuos no reciben justicia por prejuicios o discriminación de en el propio Poder Judicial.
El análisis puntualizó que la Convención también establece que los Estados “asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás”, sin embargo, los niños, adolescentes y adultos que están encerrados en instituciones pierden sus derechos, incluido su derecho a la capacidad jurídica, pues no pueden presentar quejas ni acceder a los tribunales, lo que implica automáticamente la imposibilidad de acceder a la justicia.
60% está internado por ser pobre
Respecto a los niños con discapacidad que se encuentran en instituciones, se estableció que en México, la pobreza y la discapacidad siguen siendo uno de los principales factores de institucionalización en niños y adolescentes.
Se detalló que en “Esperanza Viva,” una institución residencial en Puebla que alberga a 92 menores de edad, la encargada de la institución comentó al equipo de investigación que alrededor del 60 por ciento de la población se encontraba allí por motivos de pobreza.
Criticó que México no tiene registro de cuántos niños con discapacidad están institucionalizados, además, el Estado Mexicano no ha creado programas de apoyo a las familias biológicas que elimine el riesgo de que los menores sean ingresados a estos lugares, ni tampoco ha creado familias de acogida que permitan ejercer el derecho de los infantes con discapacidad a vivir en una familia.
Este informe es presentado al Comité para el grupo de trabajo de la pre-sesión 12, la cual se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre de 2019, con la finalidad de discutir la lista de cuestiones para la evaluación correspondiente a México.