Este jueves, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta que ofrecerá el indulto a presos políticos y a quien haya realizado acciones destacadas a favor de la comunidad.
La reforma al artículo 122 del Código Penal del estado indica que “de manera excepcional y discrecional”, el mandatario podrá otorgar el indulto, por cualquier delito del orden común que no merezca prisión preventiva o sea grave, por cuestiones humanitarias, sociales o de equidad, además de que existan indicios de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.
Además de haber tenido buena conducta durante su reclusión, el beneficiado debe ser una persona indígena víctima de discriminación por su pertenencia a un grupo, etnia y diversidad cultural, o alguien mayor de 70 años que haya cumplido con al menos una cuarta parte de la pena impuesta.
Aunado a ello, se toma en cuenta a personas que padezca una enfermedad en fase terminal, dictaminada por médico especialista o perito de institución de salud pública; que sea una mujer, con sentencia menor de cinco años, desde una perspectiva de género, o “que se trate de delitos cuyo origen revistan un carácter político”.
Garantiza derechos humanos
Al respecto, María del Carmen Cabrera, presidenta de la comisión, señaló que con esta iniciativa se ampliaron las facultades del mandatario para dar este derecho, tomando en cuenta las constituciones nacional y estatal, así como los tratados en materia de derechos humanos, a fin de garantizar las garantías individuales de “todas las personas, y no de un sólo sector, factor humano o género”.
Destacó que esta propuesta fue aprobada de manera unánime, sin cambios sustanciales, ya que “sólo se modificó la terminología de género, agregando gobernadora, y se retiró la palabra ‘similar’”
Comentó que no es posible que las personas, al tener alguno de los requisitos, se amparen para que el Ejecutivo estatal las saque de prisión, pues su facultad es “excepcional y discrecional”, dándole la posibilidad de elegir los casos que lo ameriten al haberse violado sus derechos humanos, la cual no es apelable.
En tanto, la diputada Rocío García Olmedo señaló que esta iniciativa representa un “acto simbólico e histórico” al tener perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos, lo cual marca un precedente para las siguientes propuestas legislativas, pues es algo que “hace falta”.
