La ASA admitió que Agua de Puebla podría defenderse en tribunales internacionales para hacer más difícil la recisión de su contrato, no obstante, con una buena defensa legal, el estado le ganará el juicio porque el derecho al agua superará al comercial.
En rueda de prensa, María Eugenia Ochoa García, miembro de la Asamblea Social del Agua (ASA), reveló que hay antecedentes, como el del gobierno de El Salvador que le quitó la concesión a una minera y ganó la controversia interpuesta ante la Organización Mundial del Comercio, pues la empresa contaminaba el agua de la zona con cianuro.
Aseguró que el gobierno del estado ganaría el caso porque “el derecho humano está por encima del comercial” y hay indicadores de que pone en riesgo la salud al cortar drenaje y agua.
Respecto a la iniciativa de reforma que se presentó en el Congreso de Puebla para prohibir usar la fuerza pública para cobrar adeudos y privilegia el uso doméstico, señaló que es una medida transitoria en lo que se logra la abrogación de la Ley del Agua estatal y se crea una nueva, para la cual ya cuentan con una propuesta ciudadana.
Cortan agua a universidad
José Luis García Bello, integrante de la ASA, denunció que la empresa le cortó el servicio a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), ubicada en la colonia Exhacienda San Bartolo, afectando a las escuelas de los alrededores, por lo que pidieron a las autoridades municipales y la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ordenen la reconexión, pues las instituciones educativas deben tener un trato especial en este tema.
Asimismo, recordó que dejaron de darle agua al fraccionamiento Villas Aldama, sin orden ni justificación, por lo que el Congreso local y el ayuntamiento deben exigir al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap) que deje de hacer cortes, pues hay más de 100 mil al año.
Por otra parte, Omar Jiménez Castro, abogado de la ASA, informó que Marisol Aguilar Sánchez, directora comercial de Agua de Puebla, fue trasladada de las oficinas en Plaza del Sol a las Torres JB, para no sea “expuesta” a las quejas de la población y en prevención a la próxima auditoría a la compañía.
Además, ella y Héctor Octavio Duran Díaz, director general de concesionaria, serían los dueños de la empresa HI20, donde mandan a los usuarios a comprar sus medidores por mil 100 pesos, engañándolos al decirles que si lo compran en otro lado no los aceptarán, pues hay otros lugares donde lo venden hasta en 500 pesos.
Proponen que no haya tarifas
Asimismo, dio a conocer que Aguilar Sánchez estuvo en una mesa de trabajo con los regidores de la Comisión de Finanzas y Presupuesto, en la que supuestamente dio una explicación sobre el alza en los costos como directora de Atención Ciudadana, pero resaltó que este no es su puesto.
García Bello destacó que en su propuesta de ley ciudadana establecen que si las familias no tienen la capacidad económica para pagar el servicio, se debe hacer un acuerdo o disminuir la cantidad de agua a 50 litros por persona cada día, en vez de cortarlo, así como que no debe haber una tarifa, sino valorar la contribución que puede dar, pues “el agua es un bien común”.
Con respecto al tema de que el gobierno estatal desconoce cómo está la red hidráulica, Ochoa García le recomendó que comience a conocer las tuberías con información del personal que trabajó en Soapap hasta 2013 y el actual, para que este tema no sea un problema. Además, confirmó que la firma no da servicio a las juntas auxiliares porque el título de concesión la favorece.
