En los 10 últimos años el TSJ ha judicializado 24 casos contra mujeres por practicarse el aborto, de los que 11 han tenido sentencia condenatoria, lo que muestra que se está criminalizando, por ello organizaciones feministas urgieron a legislar a favor del tema.
Así lo dieron a conocer, en rueda de prensa las activistas Natalí Hernández Arias, de Cafis; Rubí Cervantes Cárdenas, de El Taller; y Jessica Pérez Téllez, de Ddeser Puebla; quienes consideraron que hay algunos actores políticos que no están analizando el tema de una manera objetiva.
Esto, porque dijeron que hay diputados que han manifestado durante la discusión de la reforma que no existe aborto seguro porque las mujeres pueden fallecer o quedar mutiladas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que esta práctica es peligrosa cuando la realizan personas que carecen de preparación o se tiene un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas.
Pérez Téllez comentó que a nivel nacional de acuerdo a datos de 2015 del Observatorio de Mortalidad Materna, la interrupción insegura del embarazo es la cuarta causa de muerte materna, mientras que en la Ciudad de México, donde es legal hasta las 12 semanas de gestación, desde 2017 no hay registro de decesos por practicárselo.
Refirió que en el caso de Puebla, aunque ha habido iniciativas por la no criminalización de las mujeres que abortan en el estado, se contraponen a la Ley para la Protección de la Vida desde el momento de la concepción.
Agregó que si bien dicha ley ha sido usada en diversas entidades como una estrategia para limitar los derechos reproductivos de las mujeres, ello no representa un obstáculo legal para el acceso al aborto a través de las causales existente en el estado, ni en ningún otro en el que se haya promovido la reforma.
Se está criminalizando el tema, afirman
Por su parte, Cervantes Cárdenas comentó que los 24 casos que registra el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueron obtenidos vía transparencia; en tanto, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) maneja que de 2007 a 2016 se reportaron 55 denuncias por el delito de aborto, de los que se enfrentaron 37 juicios penales y de estos últimos en 13 casos ya se emitieron sentencias.
Mientras que de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), registra de 2009 a 2018, 69 procesos de mujeres por aborto, de los cuales dos son de 2009; dos de 2010; uno en el 2011; diez de 2012; ocho de 2013; 12 de 2014; siete de 2015; 13 de 2016; nueve de 2017 y cinco de 2018.
“Esto refleja que sí se está criminalizando a las poblanas por realizarse esta práctica. Abortar en México es un privilegio de las mujeres que viven en estados con leyes menos restrictivas que las de la capital del país, o que cuentan con más recursos, ya que la mayoría no pueden pagarlo y menos si se trata de féminas que son jóvenes”, reprochó.
En tanto, Hernández Arias mencionó que la criminalización del aborto no reduce la incidencia, pero sí aumenta los abortos inseguros y los riesgos a la salud de las mujeres, al tiempo de criticar que a pesar de que hay cuatro causales que la ley contempla para poder hacer esta práctica los Servicios de Salud no los toman en cuenta y se niegan a hacerlo.
Legislación debe ser sin ideologías moralistas
Lo anterior, dijo, ha derivado que entre 2007 y 2019 fueran mil 303 mujeres poblanas acudieran a la Ciudad de México para interrumpir el embarazo en clínicas autorizadas para ello, ya que en la entidad no pueden acceder a él.
Mientras que en el caso de Puebla no se tiene registro de ello, ya que en todo caso el único reporte que habría es de denuncias contra quienes los cometen, que en muchos casos –dijo—en ocasiones son presentadas por las instituciones de salud.
La activista calificó como importante que se esté abriendo una discusión en la que diputados puedan reconocer que hablar de la no criminalización de las mujeres que abortan es una cuestión relevante para este sector de la población.
Si bien manifestó que siempre existirán posturas tanto a favor como en contra de esta práctica, analizar este tema no debe ser con ideologías moralistas, por lo que pidió a los diputados locales estudiar todas las aristas al respecto y sobre eso legislar.
