La Comisión de la Familia del Congreso local rechazó la iniciativa de no criminalizar a la mujer por interrupción del embarazo; en tanto, Gabriel Biestro Medinilla, líder del grupo parlamentario de Morena, advirtió que los diputados de partido que no avalen la propuesta serían sancionados.
Este miércoles en la mañana, se realizó la reunión de la comisión encabezada por la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien argumentó que la opinión de ella y sus compañeros se basó en argumentos legales y no en ideologías religiosas, aunque cabe mencionar que dicha diputada ha invitado al Legislativo a organizaciones que están en contra del aborto.
Arguyó que, en la iniciativa de la priista Rocío García Olmedo, se cambia la definición del aborto, lo que violaría la Constitución en su artículo 24, fracción VII y agregó que la vida humana debe de ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, salvo los casos previstos por la ley.
También consideró que la propuesta que busca que haya abortos gratuitos en hospitales del gobierno del estado, sólo bajo las cuatro causales de interrupción del embarazo (como violación y correr peligro de muerte), es un “disfraz” para despenalizar la práctica.
Esta opinión será enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia –integrada por tres de Juntos Haremos Historia, una del PRI (García Olmedo), otro sin partido y uno de Movimiento Ciudadano (MC)—la cual decidirá si da luz verde a la propuesta para que pase al pleno.
Los ocho legisladores deberán dictaminar la iniciativa tomando en cuenta las opiniones de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, de la de Igualdad de Género y de Derechos Humanos; estas dos últimas ya dieron el visto bueno. En tanto, el jueves hará lo propio la de Salud.
Hay una línea definida: Biestro
En tanto, al cuestionar a Biestro Medinilla que Cristina Tello Rosas de Morena y Guadalupe Muciño Muñoz del Partido del Trabajo (PT), que están en la coalición Juntos Haremos Historia, se pronunciaron contra el tema, contestó que ambas pertenecen a un grupo legislativo que tiene una línea bien definida.
En caso de que no sigan la ideología de izquierda, resaltó, podrían ser acreedoras a sanciones, como ocurrió en Sinaloa en el caso del matrimonio igualitario, lo cual ya quedará a cargo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el caso del partido lopezobradorista.
Aclaró que no se trata de una persecución contra quienes “piensen” diferente, al resaltar que ocupan curules para representar a la gente y anteponer sus derechos humanos, los cuales no están sujetos a consulta.
Indicó que invitarán a la secretaria de Gobernación (Segob) federal, Olga Sánchez Cordero, a que se una al foro que harán en torno al tema y que se realizaría en agosto.
En su propuesta, García Olmedo también planteó que las sanciones, señaladas en el artículo 342, san de tres a seis meses de prisión, o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, con el fin de que las mujeres no pisen la cárcel por ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
También, define el aborto como a la práctica realizada sólo después de la semana 12 de gestación, mientras que actualmente dice: se trata de la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.