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Juez suspende funcionamiento del gasoducto Morelos en ejido de Amilcingo

23 y 24 de febrero, consulta por PIM; 15 municipios de Puebla participarán
Juez suspende funcionamiento del gasoducto Morelos en ejido de Amilcingo. Foto: EsImagen

El Juez Noveno de Distrito en Morelos dio la suspensión de plano al ejido de Amilcingo sobre la operación del Gasoducto Morelos, instalado con el uso de la fuerza pública, por lo que no puede operar en el resto de su trayecto hasta la termoeléctrica en Huexca.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala explicó que el fallo dado el pasado fin de semana se debió a que el 13 de abril de 2014 el tubo del gasoducto se instaló ilegalmente en las tierras de este ejido con la presencia de policías estatales, federales y elementos del Ejército, resultando baleados cinco compañeros.

Resaltó que de esta manera y tras siete años de lucha, protegerán a Amilcingo y otras 60 comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM), al no poder pasar el gas natural por esta comunidad hasta la mencionada termoeléctrica.

Recordó que este caso se suma a la suspensión definitiva conseguida por Huexca para no contaminar el Río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica, a las suspensiones de plano de tres ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado por cuatro comunidades de Atlixco, que es un precedente para el resto de las localidades no consultadas.

Hay 10 amparos de 11 comunidades

Comentó que existen diez amparos promovidos por 11 comunidades indígenas, reclamando la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos nahuas, a pesar de la Recomendación 003/2018 de la CNDH, donde se documenta la violación al derecho a la consulta y la falta de seguridad del PIM en torno al volcán Popocatépetl, pero sólo el ejido de Amilcingo ha tenido la suficiente fuerza legal de pararlo, al tener cierta protección constitucional ante el despojo de sus derechos.

Exigió a la CFE, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las empresas involucradas no violar la orden judicial, cesar de imponer el PIM, esclarecer el asesinato de Samir Flores Soberanes, así como castigar a los responsables de tortura, dar justicia a los encarcelados y perseguidos, desmantelar los grupos de choque y que se respeten sus derechos plasmados en los Acuerdos de San Andrés.

Asimismo, responsabilizó al gobierno y empresas de cualquier acto de represión que puedan sufrir las comunidades afectadas y sus defensores, de manera directa o indirecta, por medio de grupos de choque o delincuenciales vinculados con el gobierno y empresas, criminalización o intimidación de cualquier otra índole.

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