Las secretarías de Gobernación (Segob) federal, y de Energía (Sener) tendrán que realizar una consulta indígena sólo en cuatro comunidades de Atlixco sobre el Proyecto Integral Morelos (PIM), que contempla el gasoducto Morelos y la termoeléctrica de Huexca.
Así lo dio a conocer, en entrevista telefónica, Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, quien indicó que la resolución final es parte del amparo 402/2015 que se promovió hace 4 años.
Recordó que en 2017, las habitantes de San Jerónimo Caleras, Santa Lucia Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec y San José el Recreo, de Atlixco, obtuvieron la suspensión del proyecto a través del expediente 632/2017, pero se mandó a revisión luego de que las empresas a cargo del proyecto Elecnor, Abengoa, Enegás y Bonatti, como terceros interesados, tramitaron dicho recurso.
Refirió que fue el 7 de enero cuando se obtuvo la resolución final en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, pero fue hasta apenas cuando decidieron hacerlo público, lo que significa un antecedente para las demás comunidades, pues por principio de igualdad y universalidad se puede reconocer el derecho a consulta a otras demarcaciones.
Con esto, sostuvo, las dos dependencias federales están obligadas a realizar una consulta indígena, que contempla que se base en ser libre, previa, informada de buena fe y culturalmente adecuada sobre la construcción del PIM.
Consulta tardaría hasta un año
Sin embargo, no precisó un tiempo específico en que se debe dar este ejercicio, ya que dijo, si se hace conforme a lo establecido por la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), puede tardarse desde tres meses hasta un año.
Esto, porque detalló que para hacerla consta de cinco etapas: la planeación, la determinación de los alcances, el proceso de información, de deliberación y de acuerdo, terminación y seguimiento de los resultados de la consulta.
“A como veo la sentencia del amparo, significa que si las comunidades en su totalidad, o una de ellas dice que no está de acuerdo con el gasoducto se tendrían que retirar los tubos de ahí”, asentó Flores Solís.
El activista mencionó que este es uno de los tres amparos que enfrenta el PIM, pues aún se tienen pendientes por resolver el recurso que se presentó para no usar el agua para la operación de la termoeléctrica de Huexca y, el tercero, que se promovió en contra de la contaminación que se pudiera generar por las descargas en el río Cuautla.
