La Comisión Inspectora del Congreso local avaló los informes de las cuentas públicas de 58 ayuntamientos y operadores de agua de 2016; entre los que se encuentra José Juan Espinosa Torres, exedil de San Pedro Cholula, a quien iniciarán otro procedimiento.
En la sesión de este jueves, la presidenta de este órgano colegiado, Olga Lucía Romero Garci-Crespo expresó que 18 de las entidades fiscalizadas sustentarán sus procedimientos y no cuentan con observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pero dos de ellos tendrán un Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (Ipadr).
Entre estos últimos casos estaría Espinosa Torres por irregularidades que ascienden a 18 millones de pesos durante su gestión como alcalde de San Pedro Cholula, lo cual se sumaría al procedimiento que se inició en marzo contra su cuenta pública de 2015, cuando no comprobó 30 millones de pesos.
En la solicitud de las condiciones que guardan los informes, los 40 sujetos restantes tienen recomendaciones en trámite, además de enfrentar denuncias ciudadanas.
Asimismo, aclaró que la aprobación de estos informes individuales no significa la aprobación de su cuenta pública, sino que es parte del procedimiento, el cual también deberá ser aprobado por el pleno de la LX Legislatura en sesión ordinaria.
Aprueban 46 procedimientos de admisión
En el desarrollo de los trabajos, también se aprobaron 46 procedimientos de Admisión o Prevención de Recursos de Revocación en contra de actos del Congreso del estado, los cuales han sido debidamente notificados para que acudan a solventar las observaciones a las que haya lugar.
Garci-Crespo señaló que este es un recurso considerado por la Ley para aquellos sujetos fiscalizados por este órgano, mediante el cual pueden expresar sus consideraciones en torno a la rendición de cuentas.
El diputado Miguel Trujillo de Ita sugirió poner especial atención a la obra pública y propuso utilizar el laboratorio de evaluación de la BUAP, con quien el Legislativo mantiene un convenio de colaboración para el desarrollo de peritajes acerca de la calidad de los materiales usados para la obra pública.
Además, insistió en revisar de manera detallada aquellos recursos manejados por familiares de los presidentes municipales o, en su caso, pagados a empresas manejadas por conocidos.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales