La interrupción legal del embarazo no obliga a nadie a abortar, mientras que la criminalización sí obliga a parir, indicó la diputada local, Rocío García Olmedo, al presentar, en medio de consignas de ambas posturas, la iniciativa en contra de la criminalización de la mujer por abortar.
En sesión ordinaria, al recinto Legislativo acudieron, con prendas verdes, feministas a favor de legalizar el aborto, mientras que integrantes del Frente Nacional por la Familia se presentaron vestidos de blanco con pañuelos azules.
Cada uno de los bandos se colocó en galerías, donde las primeras clamaron que las mujeres tienen libertad de decidir sobre su cuerpo, en tanto que los segundos, que fueron recibidos por la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, argumentaron que el aborto significa “matar a un ser humano, por lo que dijeron “sí a la vida”.
En algunos curules de diputados morenistas se veían pañuelos verdes en apoyo a la no criminalización del aborto, sin embargo, el único de la bancada que no estuvo en esa tónica fue Héctor Alonso Granados, quien adelantó que votará en contra de la propuesta de la priista García Olmedo.
Cambiar sanciones
Al pasar a tribuna, la diputada local explicó que en Puebla no sólo se les sigue privando de la libertad por abortar, pues además se incurre en discriminación al incluir en el Código Penal atenuantes subjetivas como: “no tener mala fama, que el embarazo sea fuera del matrimonio, entre otras, que son tomadas en cuenta por la autoridad para incrementar las condenas.
No obstante, aclaró que su iniciativa no contempla retirar ninguna causal que marca la ley, sino que agrega conceptos que son importantes porque ya se conduce así en lo nacional e internacional.
Por ello, propone eliminar las penas punitivas o cárcel y cambiarlas por otras sanciones.
La iniciativa de reforma de ley fue turnada para su análisis a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, Salud, Derechos Humanos, al igual que de la Familia y los Derechos de la Niñez, la cual encabeza Rodríguez Della Vecchia.
Y es que su propuesta pide modificar el artículo 342 del Código Penal que señala que se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar.
García Olmedo pide que el artículo 342 quede: “se impondrán de tres a seis meses de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro la haga abortar, o, tendrán de 100 a 300 días de labor comunitaria.