En el debate del próximo domingo que se realizará en el auditorio del CCU, los tres candidatos a la gubernatura de Puebla podrán emitir críticas e interpelaciones entre ellos para ver cómo reacción cada uno, pero no se permitirán que haya insultos.
Así lo señaló, en entrevista tras la presentación del libro “Dinero bajo la mesa”, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños Martínez, quien indicó que un debate no es un concurso de declamación, sino un evento entre políticos que aspiran a ser gobernadores, el cargo público más alto en el estado.
Recordó que dicho ejercicio tiene varias novedades, por lo que consta de tres segmentos, uno de los cuales los candidatos van a ser sujetos a una serie de preguntas que no saben de qué serán y que serán formuladas por las dos moderadoras.
En tanto, en el segundo los abanderados, con base a su plataforma, presentan sus ideas y los demás contendientes las debatirán, mientras que en el último los tres aspirantes tendrán un tiempo específico para dirigirse en un mensaje abierto y directo a los electores.
“En sana lógica y racionalidad de un ejercicio así, no se vale que se descalifiquen con insultos, se trata de que se digan cosas fuertes, críticas duras y veamos cómo reaccionan y se muestran ante el público, no estamos hablando de un cargo menor por el que están contendiendo”, pronunció.
El funcionario electoral consideró que la encuesta publicada por un medio nacional en la que se señala que el 85 por ciento de los poblanos desconoce que habrá un debate no es tan certera porque es un evento importante y se difundirá en medios públicos y posiblemente en TV Azteca y Televisa.
Aclaró que el INE no está haciendo contrato de transmisión con las televisoras, sino que está en el proceso de conversación con las mismas, por lo que confió en que se resuelva de manera satisfactoria para tener una difusión adecuada, al resaltar que de entrada los medios públicos tienen la obligación de transmitirlo.
Fiscalización, hasta después del 2 de junio
Por otra parte, Baños Martínez manifestó que será hasta después de la elección del 2 de junio cuando se emitan los dictámenes de fiscalización de cada uno de los candidatos, y si serán sancionados.
Ante la pregunta de que no se han hecho todos los reportes de fiscalización, el consejero mencionó que el instituto tiene esquemas de auditoría de todos los eventos que realizan los candidatos, pero reconoció a la fecha solo es menos del 50 por ciento del tope total lo que han registrado los abanderados.
Al cuestionarle sobre si esto daría pie a que se disminuyan los recursos para procesos posteriores o incluso de prerrogativas, contestó que ello dependerá de los dictámenes que emita la autoridad electoral, aunque esa es facultad del Congreso local.
“El dinero en efectivo es materialmente imposible de poder rastrear, varias instituciones podrán intervenir para ir cerrando las vías de acceso al dinero en efectivo, pero hay que revisar atribuciones, establecer mecanismos de atribución con otras instancias”, concluyó.
