Un grupo de organizaciones de maestros y abogados instaron a la ciudadanía a exigir la remunicipalización del agua en Puebla, con amparos y denuncias contra el servicio de Concesiones Integrales, así como urgiendo al Congreso y Cabildos derogar el contrato con la empresa.
Lo anterior, este lunes en conferencia de prensa, donde representantes de estos colectivos, encabezados por Raymundo Reyes Escobar, aseveraron que el título de concesión otorgado por 30 años a Agua de Puebla, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, viola los artículos 4 y 115 de la Constitución federal al “hacer privado un servicio público”.
El artículo 4 dicta que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, mientras que el 115 instruye que “los municipios tendrán a su cargo”, entre otros servicios, el del agua potable.
La concesión —agregaron— también va en contra de lo acordado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su resolución 64/292 reconoce que “toda persona tiene derecho al acceso del suficiente líquido para subsistir”.
Refirieron que, en al menos 80 colonias de la capital y su zona conurbada, hay reportes de daños a propiedad privada, allanamiento de morada y destrucción de vía pública, al levantar el asfalto para meter tubería, y cobros ilegales de lo cual se señala a Agua de Puebla como responsable.
Entre los 12 colectivos que se han sumado a esta causa, están el Colegio Nacional de Abogados Constitucionalistas, el Sindicato del Colegio de Bachilleres y Movimiento Nacional Constitucionalista por la Recuperación de Nuestros Bienes Nacionales.
Multas para hostigar y altas tarifas, acusan
Entre los agravios, reprobaron la existencia de multas de hasta 10 mil salarios mínimos para “hostigar” a la población, bajo amenaza de dejarla sin el vital líquido, lo cual es un agravio a los tratados internacionales firmados por México.
Exhibieron el notable incremento que trajo la privatización del agua, pues antes de esta, en Atlixco, se pagaban 100 pesos cada dos meses, y ahora cobran hasta 3 mil 500 por el mismo servicio, sin que se perciba mejora alguna.
Cuestionaron también que la compañía alegue que, si le rescinden contratos, se pagarían 3 mil 500 millones de pesos por la rescisión, pues unas 450 familias poblanas ya pagan mil 600 millones de pesos anuales por el servicio y el otro monto ya está saldado por “incumplimiento” y “fraude” a la ciudadanía.
Ante esta situación Raymundo Reyes Escobar, quien encabezó a los representantes de las organizaciones, sostuvo que hay suficientes elementos jurídicos para que los ciudadanos se amparen ante juzgados federales contra el “mal servicio” de la empresa.
Asimismo, los convocó a formalizar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) las denuncias por abusos y daños presuntamente atribuibles a Concesiones Integrales.
Congreso y Comunas deben asumir derogación
En cuanto al Congreso de Puebla, los ayuntamientos y el gobierno estatal, demandaron que asuman el compromiso de echar abajo las concesiones, remunicipalizar el servicio y proteger los derechos humanos de los poblanos.
Y es que, antes de dejar la gubernatura, Antonio Gali Fayad vetó una ley del Congreso poblano, impulsada por la mayoría de Morena, para quitar a Agua de Puebla la facultad de fijar tarifas.
Al respecto, cabe acotar que Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, refirió que el tema será retomado en próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 15 de mayo.
Las organizaciones advirtieron que, si las autoridades hacen caso omiso a sus exigencias, el 29 de mayo iniciarán una resistencia civil pacífica, que consistirá en manifestaciones en las oficinas Concesiones Integrales, el congreso y suspensión de pagos.
