Debido a la inseguridad que predomina en el estado, sobre todo en el Triángulo Rojo, al menos 120 sindicalizados de la Secretaría de Salud estatal pidieron ser cambiados a otras zonas, con el objetivo de evitar que sigan siendo víctimas de delitos.
En rueda de prensa, Patricia Parra Maldonado, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), sección 10 de Puebla, señaló que los afectados también han pedido cerrar los centros de trabajo porque los delincuentes los asaltan, amenazan, extorsionan y secuestran, con todo y ambulancia, para darle atención a sus heridos.
Sin embargo, cerrarlos definitivamente o disminuir el poco personal que de por sí tienen –pues en algunos lugares sólo cuentan con un núcleo básico de cinco a diez personas– afectaría a la población, por lo que exigen mayor seguridad para que los dejen trabajar.
Destacó que si a la unidad médica llegan heridos, sin importar si fue por una actividad ilícita, son pacientes para ellos, aunque si los intimidan les dan el material requerido con el fin de no arriesgarse y esperando que no los priven de la libertad.
No han podido reubicarlos
Subrayó que son pocos los que quieren ir a trabajar, pero no han podido reubicarlos porque se requiere que otros se queden en su lugar para que la unidad no se quede vacía y presupuesto para la contratación.
Al respecto, indicó que la falta de personal, insumos y de mantenimiento son los tres puntos principales que les generan complicaciones, ya que la población se queja de que no les dan la atención necesaria de manera rápida.
Resaltó que la necesidad de un trabajo es fuerte, razón por la que muy pocos han renunciado, pero “no es justo para quienes viven esa situación”, de manera que solicitó que se tomen cartas en el asunto, independiente la situación política del estado.
Adelantó que en la reunión con la actual secretaria de Salud, Lucía Ojeda Lara, hablarán sobre el trato justo que necesita la clase trabajadora y que se solucionen también problemas como otorgar plazas a hijos de jubilados y el cambio de autoridades que abusaron de su cargo y violentaron el derecho de los trabajadores.
Cabe recordar que, en agosto pasado, Parra Maldonado dio a conocer que Tehuacán es el municipio donde se han reportado más casos de extorsión, amenazas o asalto contra enfermeras y médicos.
