El titular de la SGG, Diódoro Carrasco Altamirano, negó ante el Congreso de Puebla la intervención del gobierno del estado en la elección de la gubernatura, el supuesto espionaje a políticos y periodistas, así como reportó 305 intentos de linchamiento en dos años.
Al abrir el periodo de comparecencias como parte de la glosa del informe de gobierno, el secretario General de Gobierno (SGG) sostuvo que, durante el proceso electoral, el gobernador Antonio Gali Fayad se mantuvo “neutral”, contrario a la elección de estado que acusó la coalición Juntos Haremos Historia.
Mientras que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) se contempla anular los comicios por diversas ilegalidades, el funcionario estatal sostuvo que el gobierno mantuvo comunicación con todos los partidos y candidatos, de forma que aseguró que no hubo parcialidad por ninguno.
Presumió que su dependencia realizó un mapa de riesgo y se celebraron mesas de trabajo con todas las fuerzas políticas, con lo cual negó operar a favor de la panista Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, como también denunció Morena y su candidato Miguel Barbosa Huerta.
José Juan Espinosa Torres, presidente de la mesa directiva, demandó al funcionario y Jesús Morales Rodríguez (titular de la SSP) explicar por qué “se cruzaron de brazos” durante la jornada electoral y no atendieron las balaceras, destrucción de casillas y el robo de urnas.
El secretario de Seguridad Pública (SSP) sostuvo que tiene bitácoras sobre la recepción y atención de llamadas de auxilio, las cuales prometió entregar a los diputados para demostrar que no hubo omisión.
Niega espionaje
A pesar de que el proyecto de sentencia del Tepjf propone la nulidad porque –entre otras cosas– se registró violencia en 59 casillas, Morales Rodríguez aseguró que se atendieron los “incidentes” de manera “efectiva”.
Mónica Lara Chávez (del PES) y Leonor Vargas Gallegos (de Morena) demandaron a Carrasco Altamirano informar dónde opera el centro de espionaje supuestamente creado en el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle.
Recordaron que Fernando Manzanilla Prieto (extitular de la SGG) dio a conocer la adquisición de equipo de espionaje israelí para ser utilizado contra políticos locales y nacionales, activistas, así como periodistas críticos al régimen.
Las legisladoras exigieron saber el paradero del equipo (que se estima costó 300 mil pesos) y conocer su estado de operación, pues se cree que se sigue utilizando.
El funcionario dijo tener conocimiento de las acusaciones, pero afirmó desconocer de la adquisición de los aparatos, así como su funcionamiento, que en su momento se atribuyó al exdiputado federal Eukid Castañón Herrera, por lo que sugirió pedir la información a Manzanilla Prieto, ya que fue quien se jactó de conocer los detalles.
Niega @DiodoroCarrasco que exista en #Puebla un centro de espionaje; admite que sabe de las denuncias de @Fer_Manzanilla y @MBarbosaMX ante la @PGR_mx, pero rechaza que exista. || @angulosiete pic.twitter.com/HEm7cbcCsi
— Héctor Llorame (@HectorBLN) December 3, 2018
305 intentos de linchamiento en 2 años
En otro tema, Carrasco Altamirano dio a conocer que en los últimos dos años se registraron 305 intentos de linchamiento, donde se vieron involucradas 418 víctimas que fueron rescatadas con vida, aunque con heridas.
Reconoció que, en contraste, en el mismo periodo murieron 42 personas a causa de turbas enardecidas que las acusaron de algún delito.
Vargas Gallegos también pidió datos sobre la desaparición forzada, a lo que el encargado de la gobernabilidad en el estado reconoció que suman mil 856 personas “no localizadas”, aunque no precisó durante qué periodo.
En materia de violencia de género, donde pidió cuentas Nora Yessica Merino Escamilla (del PES), el titular de la SGG señaló que en la administración de Gali Fayad se han presentado dos solicitudes de alerta de violencia de género y en la de Moreno Valle una, pero recordó que para no emitirla la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió varias recomendaciones, las cuales se han cumplido en un 80 por ciento.
Sin mencionar la cifra oficial de feminicidios en el estado, Carrasco Altamirano justificó que es alta porque en Puebla “se denuncian” los delitos, pues en otros estados (no dijo cuáles) hay más delitos, pero no se denuncian y entonces las cifras son menores.
El diputado @JoseJuanEsp exige a @JesusMoralesRdz explicar por qué el 1 de julio la @SSP_Puebla se “cruzó de brazos” y permitió balaceras, robo de urnas y vandalismo de casillas, que hoy propician que el @TEPJF_informa considere anular la elección. || @angulosiete pic.twitter.com/nzyTokRHMW
— Héctor Llorame (@HectorBLN) December 3, 2018
