Diputados de Morena en el Congreso local anunciaron que crearían una comisión para investigar el supuesto fraude electoral cometido a favor de Martha Erika Alonso Hidalgo; acusaron a la SGG de falsificar documentos oficiales para aprobar que la panista rinda protesta en el TSJ.
En rueda de prensa este jueves, Gabriel Biestro Medinilla, dirigente estatal del partido y próximo diputado local plurinominal, señaló que las pesquisas incluirán a funcionarios, alcaldes y cualquier personaje involucrado en manipular la elección a favor de la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle.
Adelantó que adicionalmente a la investigación de la Fepade, los diputados realizarán una propia sobre el cuartel electoral que el PAN instaló en el hotel MM Grand de Las Ánimas, así como de todo lo encontrado ahí el pasado 3 de julio.
Tras la difusión de nuevos videos donde se ve que en lugar se encontraban auxiliares de consejeros del IEE e incluso funcionarios de ayuntamientos gobernador por el PAN, anunció que se revisará “con lupa” todo el material visual, gráfico y noticioso de lo descubierto ese día para esclarecer la forma en que se operó el supuesto fraude.
Y es que denunció que los alcaldes panistas que por acción u omisión colaboraron en el cúmulo de anomalías cometidas el 1 de julio, son precisamente a quienes los diputados les aprobaron sus cuentas públicas la semana antepasada, garantizando que sus gobiernos ejercieron los recursos públicos adecuadamente.
Acusan a SGG de falsificar actas de cabildos
Curiosamente, dijo, los mismos municipios gobernados por el PAN forman parte de los 147 que supuestamente avalaron las reformas a los artículos constitucionales 57 y 75, para permitir que, si se confirma el triunfo de Alonso Hidalgo, pueda rendir protesta como gobernadora en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y no ante el Congreso del estado, donde a partir del 15 de septiembre Morena será mayoría.
El diputado local electo en el distrito 21 (Cholula), José Juan Espinosa Torres, señaló que entre esos municipios hay varios donde sus cabildos ni siquiera han sesionado en lo que va del mes, como Venustiano Carranza, donde el alcalde panista Rafael Valencia Ávila está bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por posibles vínculos con bandas dedicadas al robo de combustible.
Aseguró que los cabildos de Izúcar de Matamoros, San Salvador El Verde, San Gregorio Atzompa, San Nicolás Buenos Aires, Aquixtla y Tochtepec tampoco han sesionado, pero el miércoles, la Comisión Permanente del Congreso anunció que avalaron las reformas promovidas por el gobernador Antonio Gali Fayad.
Ante ello, Espinosa Torres acusó a la Secretaría General de Gobierno (SGG) de falsificar las actas de cabildos con el fin de agilizar la aprobación de las modificaciones constitucionales, antes de que municipios opositores las votaran en contra, fueran mayoría y se frenara el “blindaje” dirigido a Alonso Hidalgo.
Por eso retó a la presente Legislatura y a la SGG a mostrar las actas de las sesiones de los municipios que supuestamente aprobaron las reformas, a fin de verificar su autenticidad, ya que si son falsas la ley se podría echar abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En 2016 se revirtió reforma del agua
Recordó que en 2016 el Congreso se retractó de modificar el artículo 12 constitucional precisamente porque la SCJN le requirió las actas de Cabildos y no las pudieron presentar, ya que presuntamente también fueron falsificadas para declarar la constitucionalidad de las leyes, entonces promovidas por el exgobernador Rafael Moreno Valle.
Con ese antecedente, los diputados electos anunciaron que si no se presentan las actas promoverán una controversia constitucional para que el caso lo atraiga la SCJN, requiera los documentos y confirme si el procedimiento fue ilegal, como sospechan.
De igual forma, dieron a conocer que promoverán la destitución de José Montiel Rodríguez por usurpación de funciones, ya que se acreditó que el recién nombrado magistrado del TSJ tiene un título universitario del 2012, pero ha ejercido como abogado desde el 2001.
Señalaron que su designación como magistrado fue ilegal, porque se violó la ley orgánica del Poder Judicial para cumplir con un pago de favores por parte de Moreno Valle y Gali Fayad, de quien fue funcionario el ahora magistrado.
El recurso de revocación de mandato se sumaría al presentado hace unos días por la abogada Monserrat González Fernández ante el juzgado segundo de distrito de Amparo Civil, con sede en Cholula.
