Establecer mecanismos para combatir la trata de personas, realizar un diagnóstico de este delito con fines de explotación sexual y acciones para evitar la desaparición de mujeres y feminicidios son algunas propuestas que dio la Conavim al gobierno de Puebla.
Esto como parte de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que hizo la CNDH radicada con el expediente AVGM/08/2017, en el que el organismo nacional determinó que “urge” atender la problemática en el estado.
En el documento, publicado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en su página oficial el pasado 26 de junio, se detalló que estas observaciones derivaron del análisis que hizo el Grupo de Trabajo conformado para dicho tema.
Asimismo, se refiere que la solicitud de la CNDH fue desde el 20 de octubre del año pasado, misma a la que se le integraron las de las organizaciones “Academia, Litigio Estratégico e Incidencia de Derechos Humanos”, “Protección Popular Nacional” y “Sumando por Guerrero”.
Aunque es necesario mencionar que los solicitudes que habían hecho las agrupaciones “Protección Popular Nacional” y “Sumando por Guerrero” fueron, además de feminicidio, por la problemática de trata de personas.
En el expediente, la Conavim señaló que las organizaciones solicitantes manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia contra las mujeres, en especial el feminicidio pese a las acciones implementadas por las autoridades estatales, ya que a su juicio no han sido efectivas.
En 3 años FGE registró 165 feminicidios
Entre los datos que proporcionó el gobierno de Puebla a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron que entre 2015 y 2017 se registraron 165 feminicidios, de los cuales 107 se resolvieron, es decir, cerca del 65 por ciento del total.
Pese a estas cifras, en el documento se da a conocer que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió únicamente ocho resoluciones, de las que seis son condenatorias y dos absolutorias, lo que significa que sólo culminan en sentencia 4.84 por ciento de las denuncias presentadas, lo cual evidencia la falta de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas.
En el caso de homicidios dolosos contra mujeres en el mismo periodo, la FGE informó que se contabilizaron en total 303 casos, de los que 94 fueron durante el 2015, 92 un año después y 117 el año pasado.
Durante este proceso, el Grupo de Trabajo comprobó que en Puebla no existe la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas como lo estableció la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de noviembre de 2017.
Si bien, en el documento se reconoce el avance que se ha tenido al armonizar el Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio en el Sistema Penal Acusatorio y modificarlo conforme al nuevo sistema de justicia penal y a los estándares internacionales, durante las entrevistas a familiares de víctimas se detectó que no es aplicado con la debida diligencia e inclusive las víctimas indirectas.
Esto, se agrega, ha generado quejas de descuidos graves en la cadena de custodia, poca preparación de las y los fiscales a cargo de los casos, lo que provoca dilación en los procesos de acceso a la justicia.
Proponen 57 puntos a cumplir
Asimismo, se indican algunas de las deficiencias en la atención a las mujeres, ya que se menciona, por ejemplo, que en ocasiones hay resistencia de los servidores públicos de investigar las muertes violentas de las mujeres, esto porque “no las ven como sujetos de derecho”.
De igual forma, se añade que la lejanía y la falta de recursos económicos de las mujeres, sumado a la tardanza en las diligencias en las agencias de Ministerios Públicos por falta de recursos y poco personal, son factores que impiden el inicio de denuncias.
Derivado de esto y tras ocho meses de análisis en las que se desarrollaron siete sesiones, de las que tres fueron ordinarias y cuatro extraordinarias, se emitieron 15 conclusiones, mismas que fueron divididas en 57 propuestas para las autoridades locales.
Aunque no se especifica el tiempo que tendrá el gobierno del estado, en las recomendaciones que ha dado en ocasiones anteriores se establece un periodo de seis meses, de acuerdo a lo que marca el Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Este informe es independiente a la resolución que la Secretaría de Gobernación (Segob) federal hizo desde junio de 2016, en la que emitió 11 recomendaciones, que tras seis de no cumplirlas al 100 por ciento, en julio del año pasado notificó otras ocho a la administración estatal, lo cual derivó de la solicitud de AVGM que hizo la organización “Todos para Todos”.
