La manifestación de 2014, en Chalchihuapan, Puebla, que derivó en un enfrentamiento entre pobladores y autoridades, donde el niño José Luis Tehuatle Tamayo perdió la vida, se ubicó entre las cinco protestas con mayor represión y violación a derechos humanos.
Lo anterior de acuerdo con un análisis del colectivo Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (Fleps), denominado “El sexenio de la resistencia: informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018”.
Según el estudio, además de la muerte del menor, también sufrieron daños físicos y psicológicos irreversibles al menos cinco manifestantes a causa de las agresiones.
El reporte de los testigos señaló que el 9 de julio de 2014 –durante la administración del panista Rafael Moreno Valle— la policía disparó balas de goma y latas de gas lacrimógeno para dispersar la protesta que bloqueaba la autopista Puebla-Atlixco.
Durante el mandato de Moreno Valle, los diputados aprobaron “regular” el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado, también conocida como “Ley Bala”. El Fleps interpuso una serie de recursos de amparo en contra de ella.
Cabe mencionar que en su primera sesión, los diputados de la LX Legislatura –en su mayoría de Morena— aprobaron la abrogación de la “Ley Bala”, sin embargo, el ahora exgobernador Antonio Gali Fayad realizó observaciones a decretos de abrogación del Congreso estatal.
Enrique Peña Nieto y la protesta social
Durante el sexenio peñista, además del caso Chalchihuapan, las otras protestas en las que destacó la represión por parte de las autoridades ocurrieron en Ostula, Michoacán (2015), la de Nochixtlán, Oaxaca (2016), así como las movilizaciones por Ayotzinapa (noviembre de 2014) y el desalojo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del zócalo de la Ciudad de México (2013).
A nivel nacional, la investigación concluyó que a partir de la toma de protesta del expresidente priista, Enrique Peña Nieto, organizaciones y colectivos observaron que la respuesta del Estado ante la protesta social se caracterizó por su carácter represivo, criminalizante y estigmatizante.
Puntualizó que la protesta social es un derecho humano contenido en los diferentes tratados de derechos humanos. No es “un problema de orden público” o de “seguridad pública”.
Concluyó que con el fin de erradicar la criminalización directa de la protesta, de debe derogar aquellos tipos penales a partir de los cuales se realiza un uso desviado e ilegítimo del derecho para imputar y procesar a personas manifestantes; tales como son “ultrajes a la autoridad”, “ataques a la paz pública”, “sabotaje” o similares.
