En el Índice Legal de Obra Pública (ILOP) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Puebla obtuvo una calificación de 56.9 por ciento, ubicándose en el lugar ocho de 15 estados analizados, de los cuales ninguno cumple con los requisitos mínimos evaluados.
Las 15 entidades federativas evaluadas fueron elegidas por tener mayor población e impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, como fue el caso del Estado de México, Veracruz, Sonora, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco —entidad que compartió el octavo peldaño con Puebla—, Michoacán, Baja California, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León y Querétaro.
Respecto a las debilidades halladas, el IMCO detalló que existen varias, destacando la falta de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) y que no se prevén las fuentes de información de mercado. Además de que la legislación no regula la actividad del Poder Judicial, Legislativo y organismos autónomos.
También existen preferencias a contratistas que empleen recursos humanos e insumos propios de la región. Y en el caso de la modificación de contratos, permite su modificación más allá del umbral del 10 por ciento.
Por el contrario, el análisis destacó que las fortalezas en el caso de Puebla es que la licitación pública es la regla general para poder adjudicar contratos, a su vez, se descalifica o no se adjudica el contrato si se comprueban actos de colusión.
Además, no se exige el registro ante el padrón de proveedores para participar en un procedimiento de licitación y se establece que cualquier procedimiento podrá estar sujeto a auditoria por una autoridad de control.
4 criterios con 100% de cumplimiento
Las calificaciones de Puebla por indicador fueron de un cumplimiento del 100 por ciento en los criterios de conclusión, ejecución, suspensión y glosario.
Mientras que disposiciones generales, plan anual y proposiciones registró 75 por ciento, en acciones vinculadas al pago logró 73 por ciento y en normatividad 70 por ciento.
En convocatoria (67 por ciento), en infracciones y sanciones (63 por ciento), en bitácora, junta de aclaraciones, licitación pública y solución de controversias (50 por ciento).
Finalmente en contrato, obligaciones de convocante, excepciones a la licitación pública e información se obtuvieron las menores resultados, con el 49, 33, 29 y 9 por ciento, respectivamente.
El Estado de México tuvo la mayor calificación con el 66.6 por ciento, seguido de Veracruz, con el 64.5 y Sonora, con el 63.8. Con las menores evaluaciones estuvieron Querétaro y Nuevo León, con el 26 por ciento.
La investigación concluyó que las 15 entidades evaluadas cumplen con los requisitos mínimos que la ley debe contener para evitar que haya discrecionalidades que deriven en posibles actos de corrupción como los descubiertos por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).