El gobernador Antonio Gali Fayad no debió vetar la revocación de la “Ley Banck”, la reforma para que ayuntamientos regulen espectaculares y la modificación a la ley de la FGE, pues eran legales, aunque su rechazo a la abrogación de la “Ley Bala” sí fue fundado.
De acuerdo con un análisis de la organización “Sumamos”, los dictámenes hechos por los diputados no tenían irregularidades y por tanto no había motivos para hacerles observaciones.
Sobre la reforma al artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal, Enrique Cárdenas Sánchez, moderador del informe y presidente de la asociación, refirió que sí era necesario devolver a los Cabildos la facultad para designar alcaldes sustitutos porque era inconstitucional que el Congreso cubriera esa función.
Recordó que en 2014, el Legislativo atrajo la facultad para facilitar la llegada de Luis Banck Serrato a la alcaldía de Puebla (de ahí que fue llamada “Ley Banck”), pero al no haber oposición, no fue impugnada pese a tener “vicios de inconstitucionalidad”.
Por ello, refirió en entrevista este jueves que estuvo bien que la nueva Legislatura (integrada en su mayoría por Juntos Haremos Historia) haya devuelto a los ayuntamientos la oportunidad de nombrar a los alcaldes sustitutos, pues forma parte de su autonomía.
Al acudir a entregar a los diputados el informe (que también le será enviado a Gali Fayad), Cárdenas Sánchez refirió que la reformas a los artículos 5 y el 143 de la ley para la Protección de Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable también eran correctas porque devolvían el control de los anuncios espectaculares a los municipios.
Había inconstitucionalidad
Sostuvo que si el estado continúa administrando la instalación de las estructuras como hasta ahora, se invade la jurisdicción de los ayuntamientos y también resulta inconstitucional, de forma que fue correcto que el Congreso revirtiera la ley y el gobernador hizo mal en oponerse.
En cuanto a la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la que el Legislativo recuperaría la facultad para nombrar a un fiscal sustituto, el líder de “Sumamos” señaló que no había razón para que Gali Fayad se negara a promulgarla.
Precisó que la Constitución otorga al Congreso la facultad de nombrar al titular de la FGE, así que la ley hecha por la Legislatura anterior para permitir al fiscal dejar nombrado su sustituto antes de irse, también era inconstitucional y por lo tanto estaba bien revocarla.
Sobre la “Ley Bala”, Cárdenas Sánchez apuntó que los diputados sí se equivocaron al a abrogarla sin antes crear una ley supletoria que regule el uso de la fuerza, pues los municipios no cuentan con protocolos de actuación ante protestas y requieren una normativa en esta materia, por lo cual dio la razón a Gali Fayad y recomendó al Congreso hacer una ley que incluya la visión de los policías, defensores de derechos humanos y los ministerios públicos.
En la elaboración del informe (solicitado por el Congreso) también participación juristas y académicos como Rosa María Cano, Alberto Curiel, Alejandro Guillen, Luis Raigoza, Manuel Rodoreda y Karla Herrera.
