Durante 2014, entre la población de mujeres de entre 15 a 24 años de Puebla, la necesidad de información y acceso a métodos anticonceptivos fue insatisfactoria en un 25 por ciento, la entidad se posicionó como la treceava con resultados más preocupantes en este indicador.
A nivel nacional esta carencia fue del 23.5 por ciento, por lo que el estado sobrepasó el promedio, de acuerdo con el informe “La pieza faltante. Justicia reproductiva” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
En 2015, 18.6 por ciento de adolescentes en Puebla tuvieron su primer hijo, mientras que un año después, la cifra fue de 18.2 y en 2017 de 17.9.
Respecto al acceso sin discriminación a información y servicios de anticoncepción para personas indígenas, Puebla señaló contar con intérpretes en sus centros de salud.
Sin embargo, no proporcionó información acerca del número de intérpretes, su capacitación ni las lenguas que hablan, por lo que resulta imposible inferir si son suficientes para atender la demanda de las personas que pudieran requerir estos servicios.
En el país, sólo Puebla, Nayarit y Tlaxcala afirmaron contar con personal capacitado para brindar consejería a personas con alguna discapacidad.
Retos de la nación en embarazo adolescente
Según el análisis, en la actualidad, México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente entre los países de la OCDE, razón por la que el Estado debe buscar prevenirlo y atenderlo con una perspectiva de género, interculturalidad, respondiendo a sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Puntualizó que el panorama en México muestra que el embarazo en niñas y adolescentes se relaciona con diferentes factores, incluyendo los altos índices de violencia sexual y la falta de acceso a servicios para víctimas, así como la brecha entre el conocimiento general y funcional de métodos anticonceptivos entre las personas jóvenes.
Concluyó que es necesario que el Estado prevea acciones específicas para prevenir y atender el embarazo en niñas y adolescentes, garantizando no solo el acceso a educación sexual integral, métodos anticonceptivos y servicios especializados de atención obstétrica, sino también a servicios de emergencia en casos de violencia sexual, en particular la interrupción legal del embarazo, sin interponer requisitos y obstáculos no previstos en la normatividad vigente.
Cabe mencionar que Puebla fue la segunda entidad de la que más mujeres que acuden a la capital del país a realizarse un aborto, pues en el estado es todavía ilegal, así como ocupar el primer lugar en recomendaciones por violencia obstétrica.
