Nancy de la Sierra Arámburo, senadora del PT, pidió a las auditorías Superior de la Federación (ASF) y Superior del Estado (ASE) fiscalizar el fideicomiso F/0144, que el gobierno poblano cedió en 2012 a la empresa Evercore para administrar los recursos del ISN.
Lo anterior, este jueves a través de una propuesta de punto de acuerdo, donde también se solicita al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) dar a conocer el uso dado al dinero del fondo.
De acuerdo con el documento, publicado en la gaceta de la Cámara Alta, dicho ente privado, creado en la administración de Rafael Moreno Valle, ha manejado sin transparencia ni rendición de cuentas la recaudación del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) para el pago de deudas por 22 mil 476 millones de pesos en obras.
Y es que –recuerda la senadora– dicho mecanismo fue constituido a fin de solventar las obligaciones contraídas por la construcción de tres obras durante gobierno morenovallista: el Centro Integral de Servicios (CIS), que dejó una deuda de 4 mil 500 millones de pesos; el Museo Internacional del Barroco (MIB), que dejó una de 7 mil 176 millones, y la instalación de la planta armadora de Audi, con pasivos de 10 mil 800 millones.
No obstante, la información sobre este fideicomiso y su uso –resalta— sólo ha salido a la luz pública a través de investigación académicas y periodísticas, como la del Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias, pese a que implica recursos públicos.
Ley estatal de transparencia ordena fiscalizar
En su argumentación, la senadora subraya que el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla establece que los fideicomisos y fondos públicos son sujetos obligados, mientras que el numeral tres menciona que estos atenderán “a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad”.
Asimismo, el Pleno de la Corte ha señalado, principalmente en la acción de constitucionalidad 163/2007, que no se debe excluir a los fideicomisos de financiamiento (que están constituidos por fondos públicos) de la normativa aplicable a la administración pública.
Sin embargo, advierte que el F/0144 “erróneamente” tiene el carácter de privado, aunque su patrimonio está constituido de por recursos públicos.
Por lo tanto, sostiene que al utilizar fondos públicos para la consecución de su fin, así como para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el mismo, el F/0144 debe ser transparentado.
De lo contrario, alerta que se estaría “promoviendo la consolidación de un sistema autocrático que manipula y controla la información del gobierno”.
Así, plantea al pleno del Senado formular un exhorto en los siguientes términos:
“Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, a la Auditoria Superior del Estado Puebla, así como al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, a fiscalizar y transparentar, respectivamente, los recursos utilizados en el fideicomiso F/ 0144, por el Gobierno del Estado de Puebla”.
Sí está transparentado, revira Itaipue
En respuesta, Gabriela Sierra Palacios, presidenta del Itaipue, aseveró que el fideicomisio “es público” y aseguró que la información sobre sus recursos está disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Resaltó que el organismo que preside resolvió dos recursos de revisión en los que ordenó la entrega de información del fideicomiso, que consistió en facturas y estados de cuenta, procedentes de capetas de la Secretaría de Finanzas.
En este sentido, resaltó que, como sujeto obligado, el fideicomisio F/0144 no ha reservado información.