El PT en el Congreso estatal buscará hacerse del control de las tarifas de Agua de Puebla para que sean actualizadas cada año y obligar a Concesiones Integrales a informar a los diputados su tabulador de costos, que tendría que ser avalado para aplicarse.
Los precios tendrían que sujetarse a la inflación y la plusvalía de las seis zonas en las que está dividida la ciudad de Puebla, pero primero serían analizados en las comisiones legislativas.
Así lo proyecta la iniciativa de decreto que el próximo lunes presentará la bancada del Partido del Trabajo (PT), con la que se pretende modificar la Ley de Aguas del estado.
La propuesta busca reformar el artículo 118, que actualmente otorga la facultad a Concesiones Integrales (propietaria de Agua de Puebla) para fijar las tarifas sin otras restricción más que la de usar como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
La idea es cambiar la redacción para que la concesionaria esté obligada a “poner a consideración del Congreso del estado la actualización de tarifas”.
Buscan transparentar contrato
De esta manera, el Legislativo poblano pretende frenar las protestas de usuarios que han denunciado incrementos desmedidos en el servicio sin que mejore la calidad.
Esta medida se suma al intento por transparentar el título de concesión de Agua de Puebla, el cual se encuentra clasificado como reservado por varios años.
En sesión ordinaria del pleno, realizada el miércoles, por unanimidad se aprobó un punto de acuerdo para exhortar al área administrativa del Congreso, al gobierno estatal, a Concesiones Integrales, al gobierno estatal y al Soapap a que envíen a los diputados una copia del contrato mediante el cual se concesionó el agua en diciembre del 2013.
Adicionalmente, se aprobó un punto de acuerdo para convocar a organizaciones civiles, especialistas y universidades a participar en la elaboración de una nueva ley estatal del agua, con la cual se busca remplazar la existente.
En la nueva normativa se contempla prohibir las concesiones y establecer que el único ente facultado y obligado a brindar el servicio del agua potable sea el estado.
La regulación será el resultado de foros abiertos al público que el Congreso realizará entre diciembre de este año y enero del siguiente, ya que el dictamen aprobado señala que el 25 de febrero es el límite de plazo para abrogar la actual Ley de Aguas.