Un grupo de defraudados en Puebla por la financiera Coofia señalaron que el gobierno estatal ha sido omiso al exhorto de apoyo que, desde el 10 de junio, le envió el fideicomiso Fipago para que audite a la empresa y se definan sus indemnizaciones.
Así lo acusó, en entrevista para Ángulo 7, una de las agraviadas, quien señaló que el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago) acreditó que cumplían los requisitos para la reparación económica y pidió al gobernador Antonio Gali Fayad proceder, pero este no ha respondido.
Indicó que, el pasado 1 de agosto, los acreedores solicitaron, a través de la Coordinación de Atención Ciudadana, la intervención del secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, cuya oficina los remitió al director general de Defensoría Pública, Manuel Salvador Guzmán González, quien tampoco se ha comunicado con ellos.
De acuerdo con el documento, el gobierno estatal debe practicar una auditoría a la financiera defraudadora, a fin de “integrar una base de datos que contenga nombre de los ahorradores y el saldo neto de ahorro de cada uno de ellos, lo cual permitirá definir el monto de las aportaciones federales y estatales a realizarse en el marco del convenio de coordinación”.
Lo anterior, con base en la sentencia 578/2015, dictada en julio de 2017 por el juzgado tercero de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y juicios federales, el cual convocó al concurso mercantil para el reconocimiento, graduación y prelación de créditos de Coofia, a fin de indemnizar a más de 2 mil defraudados reconocidos como acreedores.
Perdieron apelación contra demanda de SAT
A esta dilación —indicó— se suma a que, el pasado 17 de octubre, Nora Mendoza Arrevillaga, exsíndico designada por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom), perdió una apelación contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que demanda 124 millones de pesos de lo que se recupere de la venta de Coofia.
Además, falta el pago de reparaciones a los trabajadores de la financiera, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los síndicos.
Temen que no queden recursos para pagarles
De pagarse estas deudas, los afectados temen que no queden recursos para indemnizarlos, pues la suma que ellos demandan asciende a 576 millones de pesos.
Respecto al monto estimado que recibiría cada defraudado, la afectada estimó que hay un tope de indemnización de 240 mil pesos y que cada afectado podrá recibir un máximo del 70 por ciento de lo que tenía ahorrado en su cuenta de Coofia.
Por lo anterior, reiteró el llamado de los acreedores al gobierno de Gali Fayad, para que se comprometa a dar solución pronta al asunto, y añadió que también piden la unión de todos los participantes en el concurso mercantil.