El Congreso local reabriría 563 cuentas públicas por ser dictaminadas “al vapor”, entre ellas las del gobernador Antonio Gali Fayad, el alcalde de Puebla Luis Banck Serrato, el exedil Eduardo Rivera Pérez, el exfiscal Víctor Carrancá Bourget, las del IEE y el TEEP.
Así lo acordó este martes la Comisión Inspectora al aprobar por unanimidad un acuerdo para volver a revisar los estados financieros aprobados por la legislatura anterior, previo y después de la elección.
La propuesta fue presentada por el coordinador de la bancada del PES, Miguel Trujillo de Ita, y fue avalada en seguida por los miembros de la comisión, para que el miércoles se ponga a votación de todos los diputados, que en su mayoría son de la coalición Juntos Haremos Historia por lo que se prevé que en sesión ordinaria del pleno se aprobará el acuerdo y a partir de la siguiente semana comenzará la revisión de las cuentas públicas.
Entre las finanzas que aprobó la legislatura anterior antes de irse destacan las de Banck Serrato, Carrancá Bourget y Roberto Flores Toledano, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) correspondientes al 2017.
También figura la cuenta pública 2014 de Rivera Pérez, que el pasado 31 de julio cuando por fin fue aprobada luego de que en 2016 se le inició una investigación que derivó en una multa de 25 millones de pesos e inhabilitación de 12 años por un presunto quebranto al erario por 2 mil 500 millones de pesos.
Revisarán finanzas de IEE y TEEP
Los estados financieros 2017 de Jacinto Herrera Serrallonga, presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) y Fernando Chevalier Ruanova, del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), también se revisarán de nuevo, en medio del conflicto postelectoral por un supuesto fraude en la elección.
Por su parte, la cuenta pública 2017 de Gali Fayad será reabierta justo después de que el mandatario vetó la derogación de la “Ley Bala” y la reforma a la Ley Orgánica de la FGE.
A pesar de eso, José Juan Espinosa Torres, presidente de la Comisión Inspectora, negó que la reapertura de los dictámenes sea un revanchismo político, pues aseguró que “desconoce” de qué cuentas públicas se trata.
“No es un tema personal, no sabemos cuáles cuentas son; serán todas las que se hayan dictaminado en las últimas semanas, para garantizar que los criterios utilizados para revisarlas sean los que marca la ley”, señaló en entrevista al concluir la sesión.
Enfatizó que el análisis “exprés” que se hizo a las finanzas de los funcionarios más importantes, así como el “uso político” que se le ha dado a la Auditoría Superior del Estado (ASE) fue lo que “obligaron” a reabrir los expedientes.
Además refirió que los sujetos castigados han denunciado irregularidades en la revisión; que las sanciones son un “garrote político” y que no se les dio oportunidad de defenderse, razón por la que los nuevos diputados consideraron prudente revisar otra vez cada caso.
