El Congreso de Puebla dictaminó 308 cuentas públicas; retiró 120 sanciones, entre ellas la del exalcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez, impuso sanciones a 52 alcaldes y abrió procedimientos a 45, algunos acusados de nexos con el robo de combustible.
En la última sesión ordinaria de la LIX Legislatura, realizada este martes y que duró más de dos horas, los diputados avalaron con 33 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, revocar la inhabilitación de 12 años y la multa de 25 millones de pesos que se le impusieron a Rivera Pérez el 7 de abril del 2017.
Un mes después de que el panista perdió la elección por la alcaldía de la capital, los diputados lo libraron de las sanciones que le impusieron tras detectar un supuesto daño patrimonial por 2 mil 500 millones de pesos, cometido en su último año al frente del ayuntamiento capitalino.
De esta manera se puso fin al proceso por el que se enfrentó a los legisladores de su propio partido, a quienes acusó de persecución política orquestada por el exgobernador Rafael Moreno Valle.
Junto con él, fue exonerado el exalcalde priista de Tepeaca y actual delegado de Prospera en la entidad, David Edgardo Huerta Ruíz, quien enfrentaba un procedimiento de responsabilidades por opacidad en la ejecución de obras.
Igualmente fueron librados de culpa exalcaldes que estaban bajo investigación desde hace 11 años, como Fermín del Cristo Rocha, exedil de Cuapiaxtla de Madero que tenía abierto un procedimiento por su cuenta pública del 2007; Pedro Cipriano Bonilla, de Hutzilan de Serdán y Fernando García Santos, de Huitziltepec.
De 102.1 mdp la multa más grande
En contraparte, se aprobó sancionar a 52 exalcaldes, así como a siete exdirectores de organismos municipales por irregularidades en sus finanzas.
La multa más grande es de 102 millones 114 mil 824 pesos más inhabilitación de 12 años para desempeñar un cargo público, y fue impuesta a José Raúl Zarate Mata, exalcalde de Chalchicomula de Sesma por un presunto quebranto de 51 millones 57 mil 412 pesos en su ejercicio del 2012.
A él le sigue Horacio de los Santos Francisco, exedil de Tepatlaxco de Hidalgo, a quien se le castigó con 55 millones 120 mil 957 más el mismo tiempo de inhabilitación por un probable daño patrimonial de 36 millones 747 mil 304 pesos cometido en el 2011.
Él mismo ostenta la tercera multa más grande, que asciende a 50 millones 468 mil 804 pesos y otros 12 años de inhabilitación por otro posible desfalco al erario por la cantidad de 33 millones 645 mil 869 pesos perpetrado en el 2010.
Posteriormente se encuentra Enrique Antonio Álvarez, exmunícipe de Jopala, castigado con 47 millones 86 mil 757 pesos y 12 años de inhabilitación por desvío de 31 millones 391 mil 171 pesos en el 2010.
Inhabilitan a exalcaldes
El quinto lugar es para Salvador Sánchez Vega y su multa de 44 millones 790 mil 697 pesos y 12 años de inhabilitación, por no aclarar qué hizo con 29 millones 860 mil 465 en el 2007, cuando entonces era presidente municipal de Olintla.
Por su parte, las sanciones más pequeñas fueron para Ángel Miguel Cardoso Reynoso (142 mil 892 pesos) por un daño de 571 mil 570 a las arcas de Albino Zertuche en 2008; Adolfo Flores Meléndez (112 mil 978) por la desaparición de 491 mil 913 pesos del ayuntamiento de La Magdalena Tlatlauquitepec en 2011 y Manuel Cuauhtémoc Crespo Romero (52 mil 837) por un daño de 211 mil 350 en la alcaldía de Tlaltenango en 2007.
Finalmente, Valentín Méndez Martínez fue multado con 45 mil 384 pesos por un quebranto de 181 mil 535 al frente de Xiutetelco en el 2008, mientras que Amador Santiago Juárez Aguilar tendrá que pagar 32 mil 301 pesos por no explicar el destino de 129 mil 204 mientras gobernó Santa Catarina Tlaltempan en el 2011. Además de las multas, todos ellos fueron inhabilitados por seis años.
Por otra parte, se aprobaron 51 Inicios de Procedimiento Administrativo y de Responsabilidades (Ipadr), de los cuales 45 fueron para alcaldes y exalcaldes, dos para el organismo de limpia de Tehuacán; dos para el de agua y alcantarillado de ese municipio, así como dos para el de Teziutlán, por irregularidades en los ejercicios 2013 y 2014.
Entre los ediles que empezarán a ser investigados se encuentra el perredista José Isaías Velázquez Reyes, de Atzitzintla, preso desde marzo del 2017 acusado de proteger a miembros de la delincuencia organizada que en febrero de ese año asesinaron a seis elementos de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de alto Impacto (Fisdai).
Investigan a edil ligado a huachicol
También se abrió un procedimiento a Pablo Morales Ugalde, presidente de Palmar de Bravo emanado de Pacto Social de Integración (PSI), encarcelado en julio de 2017 por vínculos con la compra-venta de combustible robado, a través de las gasolineras que posee en su municipio y Tepeaca.
En tanto, se aprobaron 58 cuentas públicas revisadas por primera vez y se admitieron 12 recursos de revocación de Ipadr, con los cuales los sujetos que actualmente están sometidos a investigación buscan demostrar su inocencia.
El paquete de 308 cuentas fue dictaminado de una maratónica sesión ordinaria, la última de la LIX Legislatura, lo cual fue criticado por la perredista Socorro Quezada Tiempo, quien se dijo sorprendida porque en un día “mágicamente” se atendió el rezago que había desde hace diez años, en referencia a que había cuentas públicas que datan desde 2007.
Cuestionó que la presente administración se caracterizó por utilizar los estados financieros para “perseguir” a los alcaldes y refirió que ejemplo de ello es que se impusieron decenas de sanciones en la última sesión.
Esta legislatura concluirá funciones el 14 de septiembre, ya que el 15 rendirá protesta la nueva, donde Morena y sus aliados PT y PES serán mayoría al ostentar 22 curules de las 41 que hay en total.
